Celsa tira la última ficha: ofrece 400 millones para salvar la compañía
La siderúrgica tiene menos de un mes para lograr una acuerdo con sus acreedores que permita recibir los 550 millones del rescate
Francesc Rubiralta, expresidente de Celsa, en una imagen de archivo.
Celsa tira la última ficha para salvar la ayuda de la SEPI. La compañía ofrece 400 millones de euros a los fondos como último recurso para impedir la obstrucción están realizando a la financiación pública de 550 millones de euros, la mayor que concedería la entidad pública.
La propuesta ofrece 400.000.000 euros adicionales al plan SEPI, divididos en una cantidad fija y una variable determinada en función del Ebitda que se alcance entre los años 2023 y 2030.
Según explican en un comunicado, esta cantidad no se proporcionaría hasta haber cobrado el pago íntegro de la ayuda de la SEPI, por lo que no supondría un «detrimento de la recuperabilidad de la ayuda pública» para la empresa. No obstante, sí supone un esfuerzo adicional para los demás grupos de interés de grupo.
Así las cosas, la concesión de la ayuda pública y el futuro de 30.000 puestos de trabajo quedan a expensas de la decisión de Deutsche Bank, Goldman Sachs, SVP y Cross Ocean, fondos buitre que no financiaron al Grupo Celsa, sino que compraron su deuda en el mercado secundario con descuentos de hasta el 90%, y que pretendían con la oferta planteada obtener rentabilidades medias anuales usurarias, próximas al 80%.
Esta propuesta cuenta con el respaldo unánime del Comité Ejecutivo y el Consejo de Administración de Celsa, que han aceptado este incremento adicional como último recurso para salvar el «boicot» a la ayuda pública por parte de los fondos.
Ambos órganos sostienen que «las pretensiones de los fondos rompen los límites del correcto uso de la financiación pública que no puede utilizarse como base de una estrategia especulativa propia de los fondos distress, a costa de un daño irreparable para todos los grupos de interés y stakeholders de la compañía».
El rescate peligra
La siderúrgica catalana, propiedad de la familia Rubiralta, pidió acceder al fondo que creó el Estado para hacer frente a los problemas de las empresas derivados de la pandemia, y tras mucho negociar, el Estado accedió. Eso sí, con algunas condiciones, que deben aceptar también los fondos acreedores de la compañía y que, de momento, no está siendo posible cerrar.
Las negociaciones no están siendo fáciles ya que una de las peticiones de Celsa es que los fondos hagan una quita de más de la mitad de los 2.200 millones de la deuda de la compañía, es decir, unos 1.200 millones de euros. Además, van a contrarreloj al terminar el plazo el 30 de junio.
Los sindicatos pide aceptar las condiciones fijadas
Los sindicatos CCOO y UGT emplazaron este martes a los fondos acreedores de Celsa a aceptar las condiciones fijadas por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI, para inyectar 550 millones de euros a la empresa y garantizar el mantenimiento de 4.500 empleos directos.
Concretamente, exigen «que se adhieran a los acuerdos que ya han sido suscritos por el resto de grupos de interés de la compañía y que no bloqueen la entrada de capital público con el mantenimiento de una posición basada en la búsqueda de un rédito financiero voraz e injustificable».
