Celsa recurre al ICO francés para esquivar la banca
La metalúrgica de la familia Rubiralta, Celsa, busca financiación para pagar una nueva fábrica en Francia
Ahogada por una deuda de 2.700 millones de euros, Celsa logró deshacerse de la soga hace un año al firmar una refinanciación con los principales bancos españoles. Sin quitas, las entidades redirigieron el plan de negocio de la metalúrgica de la familia Rubiralta y le permitieron abrir una nueva fábrica en territorio francés. Tras probar suerte con la banca privada, los ejecutivos de la empresa ya han tenido que recurrir a Bpifrance, la entidad de crédito pública.
Fuentes financieras explican a Economía Digital que la compañía se encuentra inmersa en la búsqueda de financiación para una nueva planta. En primer lugar se recurrió a las entidades galas, pero vistos los intereses y las condiciones exigidas ya se celebraron varias reuniones con la Banque Publique d’Investissement con tal implicarles en un proyecto que generará puestos de trabajo en el país.
Ahora queda por ver el porcentaje del préstamo que obedecerá al capital público y al privado. “La participación de Bpifrance podría llegar a ser incluso mayoritaria”, explican las mismas voces. El resto, procederá de entidades galas, con la que también existen negociaciones. Será más de lo que preveía la empresa presidida por Francesc Rubiralta, que confiaba en cerrar la operación sólo con financiación de la banca tradicional.
Un portavoz de la compañía aseguró que no existían novedades sobre el proyecto.
Existe un consenso entre las entidades acreedoras y la dirección de la empresa de la necesidad para el negocio de la nueva planta. Se busca ahorrar el traslado que los materiales y las piezas tienen que hacer desde la fábrica de A Coruña hasta la de Bayona. Así, la nueva instalación surtiría a la ya existente en el sur de Francia.
Las otras claves de la refinanciación
Además del permiso para la operación francesa, los entidades impusieron una serie de clausulas en la refinanciación sellada el pasado noviembre. Banco Santander, BBVA, Caixabank, Banc Sabadell y Abanca admitieron reducir la deuda corriente desde los 2.673 millones hasta 1.425 millones y aseguraron la financiación de la compañía hasta 2022.
Mientras, los 1.248 millones restantes se liquidarán en 2023 con un solo pago, en el que se incluirán los intereses devengados.
A cambio, la banca podrá controlar el Ebitda de Celsa y profesionalizar su consejo de administración con la llegada de consejeros independientes. Los Rubiralta también consiguieron no tener que vender ninguna de sus filiales.