Deutsche Bank y los fondos necesitarán la autorización del Gobierno para tomar el control de Celsa
El Ministerio de Industria negociará con los nuevos dueños de la siderúrgica para "garantizar la viabilidad futura de la empresa"
El ministro en funciones de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez. EFE/Ramón de la Rocha
Deutsche Bank y el resto de fondos acreedores de Celsa todavía no pueden cantar victoria: necesitan el visto bueno del Gobierno para poder tomar el control de la siderúrgica catalana. Después que el juez homologara el plan de reestructuración, mediante el cual capitalizarán 1.352 millones de euros de deuda y pasarán a ser los principales accionistas de la compañía, el Ministerio de Industria aclara que la operación está sometida al Control de Inversiones Extranjeras, de acuerdo con el Real Decreto 571/2023, el ya conocido como escudo antiopas.
Impulsado durante la pandemia para evitar la entrada de capital extranjero en empresas consideradas estratégicas, según esta normativa el Ejecutivo puede autorizar o rechazar la adquisición de más de un 10% de compañías españolas por parte de inversores de fuera de la Unión Europea.
Los nuevos propietarios de Celsa son un grupo de inversores internacionales que, si bien hay una fuerte presencia de corporaciones alemanas y de los Países Bajos, otras tienen sus sedes en Luxemburgo o Estados Unidos. Ante esta situación, industria recuerda a estos fondos que deben de «presentar la correspondiente consulta o solicitud de autorización».
El Gobierno ha asegurado que negociará con los nuevos dueños de Celsa para garantizar la «viabilidad futura de la empresa, así como la integridad de sus unidades de negocio, el mantenimiento de todos los puestos de trabajo, la continuidad del domicilio social en España y la puesta en marcha de una gobernanza corporativa moderna, independiente y profesional». El Ejecutivo ha mostrado repetidamente su apoyo a la familia fundadora, los Rubiralta, a lo largo del conflicto, pero asegura que respeta la decisión del juez y que «debe de cumplirse, como no puede ser de otra manera».
La prioridad del ministerio encabezado por Héctor Gómez «siempre ha sido garantizar el bienestar de los más de 10.000 profesionales» de la compañía catalana y reconoce que es algo a lo que «se han comprometido los fondos acreedores».
Un socio o repartir el capital entre los comunitarios
Si los hedge founds consiguen contentar a Moncloa, la historia finalizaría aquí y Celsa abriría oficialmente una nueva etapa bajo sus nuevos propietarios. No obstante, estos ya se preparan por un posible bloqueo del Gobierno, por lo que están estudiando vender parte del accionariado de la empresa a un socio industrial con origen español, así como diluir la presencia de los inversores extracomunitarios vendiendo pequeños paquetes de deuda a los acreedores europeos.
