Deuda colosal, pandemia y negociación errática: así han perdido Celsa los Rubiralta

El juez ha dictado sentencia: Celsa pasará a manos de los acreedores y los Rubiralta quedan diluidos dentro del imperio que fundaron hace medio siglo prácticamente de la nada. Álvaro Lobato, titular del juzgado mercantil número 2 de Barcelona y autor de la resolución, es contundente y no titubea en afirmar que es “indiscutible” que la compaña se encuentre en “una situación de insolvencia”. 

¿El motivo? El simple hecho de que la empresa no puede hacer frente al pago de sus créditos financieros, sumados al golpe de la pandemia que trastocó todavía más a la empresa. Si esto no era suficiente, los propietarios de la gigante catalán del metal fueron incapaces de alcanzar un acuerdo que satisficiera a todas las partes, pese a unas negociaciones que se han alargado durante años, llegando a la que, probablemente, es la medida más drástica puesta sobre de la mesa. 

Mucho antes de que los fondos acreedores aparecieran en el mapa, Celsa ya debía más de 2.500 millones de euros. Antes de la crisis financiera, el grupo siderúrgico impulsó un agresivo plan de crecimiento internacional a base de comprar empresas, que generó su abultado pasivo. En ese momento, la deuda pertenecía a los principales bancos españoles y Francesc Rubiralta, hijo de uno de los fundadores y actual presidente del grupo, se convirtió en todo un experto en refinanciarla para poder seguir mantenido la empresa a flote.

La banca vende el pasivo

Hasta que la banca vendió estos 3.000 millones de euros a precio de saldo a un grupo de fondos, tras una refinanciación cerrada en 2017. Con esta operación, los nuevos acreedores dividieron el pasivo en dos instrumentos de deuda, un crédito jumbo y un instrumento convertible, tal y como recuerda la sentencia judicial. 

En el escrito cifran con fecha de marzo de este 2023, el primer vehículo en 1.163 millones de euros con vencimiento a 30 de abril de este año, en un contrato donde se otorgaron una serie de garantías reales “consistentes en prendas de primer rango sorbe las acciones y participaciones de la práctica totalidad de las sociedades del grupo”. El segundo, fue un contrato mercantil con una serie de mecanismos de capitalización, que alcanza los 1.148 millones de euros, con vencimiento anticipado. 

En el texto, también recuerdan como, ya en 2017, los acreedores anticipaban que la estructura de capital “extremadamente apalancada del grupo Celsa le impedía cumplir los pagos y que, en el año 2022, la caja no sería suficiente para atender a los vencimientos del ejercicio”. Y así fue, pero por medio estalló la pandemia y no hizo más que agravar un caso ya de por sí enrevesado.

La crisis ocasionada por el covid generó caídas del 25% en los mercados de Celsa a lo largo de 2020, que cerró el ejercicio con un resultado negativo de 364 millones de euros. Ante este bajón de su negocio, en 2022 la Sociedad Estatal de Participación Industriales (SEPI) aprobó el rescate de la metalúrgica de 550 millones de euros. Sin embargo, para recibir esta inyección del Gobierno la empresa con sede en Castellbisbal (Barcelona) necesitaba de alcanzar un acuerdo con los fondos para refinanciar la deuda, tal y como estipuló el organismo público.

Negociaciones con la vista puesta en el rescate

Esto aceleró una primera oleada de negociaciones que no llegó a buen puerto. Por ejemplo, la empresa propuso que se los condonaran 1.200 millones de euros, una petición que los fondos hubieran aceptado, pero los accionistas querían seguir poseyendo el 100% del valor una vez que la financiación de la SEPI y la deuda reestructurada fueran reembolsadas, algo que los hedge founds se negaron a aceptar. Estos ya reclamaron entonces en alguna ocasión poder entrar en el capital de la compañía a cambio de reducir el pasivo, algo que los propietarios no querían ni sopesar. 

Este errante tira y afloja acabó en setiembre de 2022, cuando los a creedores liderados por Deutsche Bank, SPV Global, Sculptor Investment y Anchorage Capital presentaron ante el juez un plan de reestructuración para capitalizar una buena parte de la deuda que poseen, algo que a la práctica les convertiría en los principales accionistas de la empresa. A partir de entonces, se inició una segunda toma de contactos, esta vez medidas por el experto designado por el juez, la firma Lexaudit. 

En un punto de estas negociaciones, Rubiralta accedió a que los fondos entraran en el capital de la compañía, con una participación siempre menor a la del 50%. Sin embargo, el empresario perdió toda oportunidad de pactar con los acreedores en el momento en que Lexaudit, en base a un informe elaborado por Grant Thornton, determinó que el valor de la empresa era inferior al de su pasivo, dándoles prácticamente la victoria en la judicialización el caso incluso antes de que se citaran con el magistrado a principios de julio. 

Y así ha sido. Lobato ha avalado el informe presentado por el experto independiente, que cifra la empresa en un máximo de 2.755 millones de euros, y ha afirmado que aquellos expuestos por los Rubiralta, que mantienen que Celsa vale alrededor de 6.000 millones de euros, carecen de validez, dado que, precisamente, ignoran la amplia deuda de la empresa en su valoración. Ahora, los fondos tienen vía libre para hacerse con la compaña, diluyendo a una participación mínima el poder de la histórica familia.