Celsa sufre cancelaciones de pedidos y presión de los proveedores tras la ofensiva de los fondos
El proceso de reestructuración presentado por los acreedores de la siderúrgica ha causado incertidumbre entre sus participantes
Una imagen de la planta de Celsa en Castellbisbal (Barcelona).
La incertidumbre generada por el plan de reestructuración de los fondos de Celsa empieza a afectar a su negocio. Según fuentes sindicales, algunos de los clientes de la siderúrgica catalana han cancelado pedidos tras el anuncio del plan de sus acreedores para reducir la deuda en 1.291 millones de euros a cambio de hacerse con el 100% de las acciones de la empresa de la familia Rubiralta.
Este viernes, la compañía y los sindicatos de la planta de Castellbisbal (Barcelona) se han reunido para abordar la negociación del nuevo convenio de empresa. Durante el encuentro, la dirección del centro ha explicado a los trabajadores que, desde el anuncio del plan de reestructuración, algunos de sus clientes ya han anulado comandas, mientras que ciertos proveedores han pedido a la empresa que adelante los pagos cuanto antes mejor, según fuentes cercanas. Hasta ahora, estos suministradores permitían realizar el cobro de las materias primas a un máximo de 90 días.
Un portavoz de la compañía consultado por Economía Digital asegura que no hay constancia de estos detalles, mientras remarca que la siderúrgica siempre ha abonado las facturas a sus proveedores a tiempo.
Durante la misma reunión, los directivos de la planta también han concretado que, por ahora, no han recibido la documentación presentada por Deutsche Bank, Goldman Sachs y el resto de fondos a los juzgados para iniciar el proceso. Una vez la tengan, se preparan para afrontar “la batalla judicial que haga falta” con tal de aferrarse a la propiedad de la compañía.
Los acreedores quieren hacerse con Celsa
Celsa cierra así una de las semanas más inciertas de los últimos años. La empresa dirigida por Francesc Rubiralta ha incumplido los pagos de deuda desde inicio de la pandemia, cuando los parones de sus plantas por el covid le reportaran pérdidas por 364 millones de euros en 2020. Concretamente, ya acumula una deuda de 2.775 millones, de los cuales tiene que devolver a sus acreedores unos 1.000 millones y 525 millones más a la gran banca antes de que acabe octubre.
Ante esta situación, los más de 20 fondos que compraron deuda del grupo catalán presentaron este lunes ante un juez un plan de restructuración que tiene como objetivo transformar 1.100 millones del crédito convertible y 165 millones del préstamo jumbo en acciones. Se trata de un recurso incluido dentro de la nueva Ley Concursal, que ha entrado en vigor este mismo lunes.
Ahora, es el turno de un juez mercantil de determinar si la solvencia y la capacidad de Celsa de pagar sus deudas están garantizadas o si se dará la razón a los acreedores.
En paralelo, la siderúrgica y los fondos siguen negociando la reestructuración de la deuda, un pacto necesario si la compañía quiere recibir los 550 millones de euros procedentes del rescate de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Para el grupo, este movimiento es un mecanismo legal más que la nueva legislación ha puesto en manos de los fondos y mantienen que no entorpece las negociaciones.
La diferencia entre ambas partes radica en el importe de la deuda adicional a la reestructurada y en su tipo de interés. Mientras Celsa ofrece reconocer una deuda adicional de 450 millones de euros con un interés del 8% anual en una sociedad de la Unión Europea, los acreedores aspiran a recibir 550 millones de euros con un interés del 10% anual en una en Luxemburgo. La empresa indica que siguen en busca de un punto medio entre estas cifras que satisfaga a ambas partes.
