Catalunya encabeza la destrucción de pymes, pero lidera la creación de nuevas empresas

El primer día de trabajo del nuevo consejero de Empresa y Ocupación de la Generalitat, Xavier Mena, coincidió con la presentación del informe anual ‘Radar Empresarial’, elaborado por Axesor. Según los datos contenidos en este trabajo sobre la actividad mercantil española, el Govern de Artur Mas tiene una asignatura urgente de la que examinarse: el rescate de las pymes catalanas.

Catalunya ha acabado 2010 con 1.059 concursos de acreedores –la antigua suspensión de pagos–, el 24% del total español y, se calcula, con un saldo neto de 995 empresas menos. A Catalunya le sigue a distancia la Comunidad de Madrid, con 648 procedimientos concursales que suponen el 14,7% español, y la Comunidad Valenciana, con 640 y el 14,5%. Baleares y Catalunya, sin embargo, encabezaron la creación de nuevas empresas, 77.000 en toda España. En general menos empresas, pero las nacidas el pasado año lo hacen con más músculo financiero. El capital escriturado o suscrito por las nuevas sociedades aumentó en 2010 el 34,37%, superando los 6.300 millones de euros.

Las dificultades de acceso al crédito y la falta de demanda llevan meses afectando a las empresas. Un sinfín de deudas y unos ingresos cada vez menores han puesto, por tercer año consecutivo, a los empresarios en serios apuros para sacar a flote sus negocios. Estos casos de insolvencia empresarial han provocado que el 99,8% de las empresas catalanas que han cerrado en los últimos 12 meses hayan sido pymes. En España son el 98,3%.

Insolvencias engañosas

Pero la realidad es, según los expertos consultados por Economía Digital, más preocupante. Pere Brachfield, uno de los mayores especialistas en la lucha contra la morosidad, asegura que “los concursos de acreedores son la punta del iceberg de la situación”. El morosólogo añade que “la mayoría de los concursos presentados están impulsados por los administradores que los pueden pagar y que no quieren asumir las responsabilidades directas derivadas del concurso necesario, el que piden los acreedores”, por lo que no se puede conocer con exactitud el número real de empresas que han cerrado, en todo caso siempre mucho mayor al oficial.

Buena parte de las pymes catalanas son pequeños comercios o profesionales que “simplemente bajan la persiana”, según Brachfield, y no acuden a los procedimientos administrativos que derivan en la disolución de la empresa. La Confederación de Comercio de Catalunya asegura que la situación “es crítica”. Por ello, el secretario general del organismo, Miquel Àngel Fraile, reclama a la Generalitat “medidas urgentes para las pymes y de estímulo del comercio de proximidad”. Otros gremios se han pronunciado en sentido similar.

Controversia legal

Los datos de informes como Radar empresarial o de organismos oficiales como el Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan las carencias legales que se producen en los casos de insolvencia empresarial. La prueba para expertos como Brachfield es que el 94% de estos procedimientos concursales termina con la liquidación de la sociedad y no en su rescate como prevé la ley. Esta realidad mantiene vivo el debate sobre la necesidad de una nueva reforma de un texto legal con claras deficiencias y divergencias con la legislación de otros países del entorno.