Cascada de ERTEs sospechosos por el coronavirus

Entre el aluvión de despidos que ha provocado el brote de coronavirus en España, hay más de uno que aprovecha el contexto para tratar de ahorrarse varios miles de euros a costa del Estado. Las instituciones están alerta, pero asumen que es imposible controlar la totalidad de expedientes de regulación temporales de empleo (ERTE) que se presentan en estas fechas. Sin embargo, ya existen denuncias de decenas de casos, precisamente de empresas que trabajan para la administración, que se comprometió a pagar los contratos firmados a pesar de la crisis.

El Real Decreto aprobado por el Gobierno explicitaba que las compañías que vieran interrumpidos los servicios prestados a instituciones públicas podrían recuperar las cantidades que debían percibir, incluidos, evidentemente, los sueldos del personal que ejercía las funciones solicitadas. No obstante, Economía Digital tiene constancia de numerosas organizaciones que, pese a tener garantizados los ingresos, tratan de aplicar ERTEs “por causas de fuerza mayor”, en los que ni siquiera hay un periodo de negociación.

“Hay decenas”, explican las fuentes consultadas. “Y muchos pasarán por el filtro de la autoridad laboral por falta de medios para detectarlos”, lamentan. Este medio ha podido detectar al menos ocho casos que si no presentaron ya su plan de despidos temporales están a punto de hacerlo. Y todo a pesar de que el Covid-19 no sea un argumento para justificarlo.

Según estas fuentes, ya están en proceso de denunciar ERTEs aplicados por empresas del calibre de Eurest, Serhs, Comertel, dedicadas al catering. El foco también se pone en pequeñas firmas –este medio detectó otras seis– que prestan servicios a escuelas, cerradas por el estado de alarma. Y muy fiscalizadas están las conversaciones con Serunion, líder del sector y también acusada por los trabajadores, a pesar de que su plan de salidas se encuentra todavía en fase inicial.

¿Fuerza mayor?

El conflicto se centra en los servicios que estas empresas prestaban a colegios o organismos públicos, como ​los comedores de las televisiones públicas. Si el convenio estaba firmado con la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA), el recorte laborar “por causa de fuerza mayor” es correcto.

No obstante, muchos de estos acuerdos se sellan con el Ayuntamiento de la localidad o, en el caso catalán, con el propio Departament d’Ensenyament. Como es la administración pública la que suscribe directamente el contrato, las empresas no pueden justificar los despidos por el coronavirus tal y como están haciendo, pues contradicen el artículo 34 del Real Decreto. “Las que hemos detectado lo están haciendo, pero otras muchas pasarán el filtro”, lamentan los representantes de los trabajadores.

Consultada por Economía Digital, una portavoz de Serunion admite haber realizado varios ERTE en algunos centros en los que se acabó la actividad. «Serunion está siendo asesorada por bufetes externos que nos guían en medio de esta situación y más, teniendo en cuenta la compleja legislación que va aflorando día a día al respecto, tanto a nivel de comunidad autónoma como de gobierno central». La empresa añade que no le consta ninguna denuncia «formal» por parte de ninguno de los sindicatos «mayoritarios».

Es el sentir de otras empresas contactadas, que también aluden a la «compleja legislación» para justificar su decisión. «El Real Decreto choca con algunas normativas autonómicas, como es el caso de Madrid, que suspendió los contratos educativos hace dos semanas», comparan desde una pyme.

El Estado ya tumba ERTEs

A pesar de haber sido presentados hace pocos días, el Estado ya ha comenzado a tumbar algunos planes de despidos. La primera víctima fue la filial vasca de Eurest, que gestiona los comedores escolares que contrata el departamento de Educación de Euskadi. La autoridad laboral del territorio desestimó el ERTE este mismo jueves.

La resolución que publica Deia rechaza el recorte porque el Real Decreto da la posibilidad a las empresas contratadas por administraciones públicas a «tener derecho a indemnizaciones y reclamar los salarios de los trabajadores como daños y prejuicios». Con este precedente, los sindicatos esperan que las instituciones sigan el mismo camino para el resto de casos del sector.