Calviño busca una empresa externa para gestionar el alud de reclamaciones a la Dirección General de Seguros
Economía reconoce que las reclamaciones están disparadas, pues tienen 10.000 expedientes sin resolver, y no cuentan con personal suficiente
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño. EFE/ Chema Moya
Nadia Calviño busca una empresa externa que se encargue de gestionar las reclamaciones que van dirigidas contra la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, un órgano público dependiente del ministerio de Economía que se encarga de supervisar al sector asegurador y a las entidades que comercializan fondos y donde acaban todas las quejas que no han sido resueltas por estas compañías.
Economía reconoce que las reclamaciones están disparadas y no cuentan con personal suficiente para atenderlas. Con el objetivo de facilitar y acortar la tramitación, ha lanzado una licitación pública para contratar una empresa que se encargue de darle apoyo durante al menos un año.
El ministerio que lidera Nadia Calviño explica en la memoria justificativa que el servicio de reclamaciones tiene que adaptar su estructura a los flujos de reclamaciones que plantean los ciudadanos, pues se ha disparado en más de un 17% la cifra de expedientes iniciados en el año 2021 respecto a los de 2020.
Actualmente hay 10.000 expedientes en tramitación
Al tiempo, ha descendido en más un 50% en los últimos 10 años el número de personas que las gestiona, de 30 a 14 personas. Por ambas circunstancias, número de expedientes iniciados anualmente y falta de recursos humanos, en la actualidad existen en torno a 10.000 expedientes pendientes de finalización, reconocen.
“El servicio de reclamaciones no dispone de la plantilla suficiente para atender adecuadamente el volumen de reclamaciones, por lo que se requiere de medios adicionales para garantizar una atención adecuada a los ciudadanos dentro de los plazos legales”, indican.
Por este motivo, contratarán un nuevo equipo formado por 9 personas, que se encargue de apoyar la tramitación de las reclamaciones que incluirá un borrador de informe final de los expedientes conforme a los criterios del servicio de reclamaciones y el cierre de los mismos.
Las potestades administrativas se mantendrán en el ámbito de actividad de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Es decir, no se va a ceder al nuevo equipo las competencias que tienen actualmente, como la responsabilidad de dictar los actos o resoluciones de carácter jurídico, aclaran.
El ministerio de Economía pagará 730.000 euros por este contrato, que durará entre doce meses y un máximo de cinco años, ya que admite cuatro prorrogas. De hacerse, el desembolso total será de 3,01 millones. El nuevo equipo se incorporará el día 15 de septiembre, en apenas dos semanas.
Economía limitará las funciones del nuevo equipo
El nuevo equipo de trabajo realizará su labor en la sede del servicio de reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, pero Economía advierte, con el fin de evitar que los trabajadores externos denuncien para acabar convirtiéndose en personal laboral de la Administración General del Estado, tendrán limitadas sus actuaciones.
Por ejemplo, ocuparán espacios diferenciados y se encontrarán perfectamente identificados. Además, no podrá tener acceso a determinados servicios, como el uso del servicio médico, gimnasio o aparcamientos.
La licitación especifica en su memoria que restringirá “al máximo” el tiempo de externalización de estas funciones de apoyo y promoverá las actuaciones que sean necesarias para reforzar «en el menor plazo posible” los medios estructurales de la DGSFP.
Calviño avanza en la creación del ‘defensor del cliente financiero’
Entre tanto, la vicepresidenta del Gobierno termina de dar forma a la nueva ‘Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero’. El anteproyecto de ley se aprobó en abril y los planes de Nadia Calviño pasan porque esté listo antes de que finalice el año.
El objetivo del defensor del cliente financiero es centralizar en una sola figura todas las reclamaciones que acaban en el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, tras haber sido rechazadas por la banca, aseguradoras o entidades de crédito.
El Gobierno quiere incluso penalizar a los bancos con 250 euros por cada reclamación admitida en la nueva Autoridad, una medida que ha sido rechazada de forma unánime por el sector, tal y como expresó la presidenta de la AEB recientemente.
“Somos el único país que está creando una autoridad para ello”, aseguraba Alejandra Kindelán. La banca española opta por el modelo “twin peaks”, donde los grandes supervisores, como el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, resuelven las incidencias.
De momento está por definir si esta nueva Autoridad tendrá trabajadores propios o Economía se servirá de los que ya trabajan dentro de los organismos supervisores.
