Calviño elimina los límites a los bancos para repartir los ICO
Economía quiere que se siga la práctica de las últimos tramos de la líneas de avales de la pandemia y que cada entidad pueda otorgar financiación 'a demanda', sin límites por cuota de mercado a empresas
La vicepresidenta primera, Nadia Calviño. // Pool Moncloa
El Gobierno sacar adelante este martes un Real Decreto Ley con medidas para paliar las tensiones de liquidez generadas por el incremento de los precios de la energía y los combustibles. Entre ellas, una línea de crédito de 10.000 millones de euros, avalada por el Estado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), con el objetivo de proporcionar liquidez a las empresas y autónomos.
El Consejo de ministros aprueba una serie de medidas básicas que se irán desarrollando más adelante sin que se requiera desarrollo normativo posterior para su aplicación. La idea es que las ayudas se implemente lo más rápido posible, explican fuentes cercanas al ministerio de Economía. En el caso de los ICO es sencillo, las entidades financieras ya saben cómo funciona.
La previsión es que se siga la práctica de las últimos tramos de la líneas de avales de la pandemia y que cada entidad pueda otorgar financiación ‘a demanda’, sin que esté limitado por cuota de mercado, añaden. En 2020, el Gobierno habilitó una línea de avales dotada con 100.000 millones de euros que se fue distribuyendo en distintos tramos.
En 2021, se puso en marcha una segunda línea de 40.000 millones para favorecer la inversión y la actividad. Para asegurar un reparto adecuado entre los operadores financieros se decidió que los primeros tramos se iban a distribuir en función de la cuota de mercado que tuvieran estas entidades en créditos a empresas a cierre de 2019.
Así, los bancos más pequeños a los que les costaba hacer el despliegue tecnológico que suponían estas operaciones tenían reservada su cuota. Sin embargo, no todas las entidades iban gastando estos tramos, así que se a partir del tercero se decidió que los importes de aval asignados y no utilizados se distribuirían de forma proporcional a los avales ya utilizados.
Más adelante, incluso, se eliminó este criterio. Esta es la metodología que se seguirá también ahora. “Los créditos se concederán a demanda sin ningún tipo de cuantía fijada con antelación”, comentan. Según explica el ICO, a cierre de 2021 se habían desplegado avales por importe de 103.032 millones de euros y se han movilizado más de 135.383 millones de euros en financiación a empresas.
En el borrador que se aprobará este martes y al que ha tenido acceso Economía Digital se indica que el ministerio de Economía podrá conceder los nuevos avales hasta el 31 de diciembre de 2022, con un periodo de carencia de 12 meses. Las condiciones aplicables y requisitos a cumplir, (incluyendo el plazo máximo para la solicitud del aval) se establecerá más adelante por Acuerdo de Consejo de Ministros.
Asimismo, el Real Decreto Ley permite que se extienda el plazo de vencimiento de los avales que ya han sido otorgados durante la pandemia. La vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, ya adelantó el pasado jueves que el plan para afrontar las consecuencias económicas de la guerra incluirá ampliar este vencimiento, como finalmente confirmó este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que reveló que también se extenderá el plazo de carencia para los sectores más afectados.
Así, Calviño explicaba este martes que ya no es necesario que la cifra de negocio en 2020 se haya reducido más de un 30% respecto a 2019 para acceder a la ampliación del plazo. Se habilita un periodo de carencia de 6 meses a petición de los deudores más afectados y se establece la obligatoriedad para las entidades financieras de mantener las líneas de circulantes para todos los clientes.
La CNMC sigue estudiando el reparto del primer tramo
La banca vuelve a ser la gran ‘beneficiada’. Seguirá dando financiación asumiendo solo entre un 20% y un 30% de riesgo, porque el resto está avalado por el ICO. Entre tanto, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sigue investigando si el Banco Santander, BBVA, Banc Sabadell y Caixabank habrían aprovechado los primeros tramos de la línea para hacer venta cruzada.
En concreto, investiga si los principales bancos -los que más cuota tenían- habrían exigido como condición para que los clientes pudieran acceder a las líneas de avales ICO la contratación de otros productos, o si se habrían utilizado como mecanismo para reestructurar deudas financieras preexistentes.
El organismo que dirige Cani Fernández quiere averiguar si hubo “prácticas restrictivas de la competencia” durante los primeros tramos porque el buzón de denuncias de la CNMC recibió en el confinamiento “consultas y denuncias” hacia estas entidades donde se alertaba de la venta cruzada de otros productos.
Entre ellos, seguros, servicios de alarma o la compra de televisores. Pero también se investiga si se utilizaron dichos créditos para restructurar productos financieros preexistentes, o el pago de gastos iniciales por parte de los beneficiarios de los créditos, con carácter previo al desembolso de los fondos correspondientes a los créditos concedidos.
Hay que recordar que los requisitos que puso el Gobierno para que la banca pudiera comercializar estos créditos era precisamente que las condiciones fueran favorables. La CNMC tiene hasta diciembre de este año para resolver el expediente.
