Calviño aprueba bajo críticas su ley para crear empresas con 1 euro y atajar la morosidad privada

La vicepresidenta primera de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha celebrado la aprobación este martes por el Consejo de Ministros de una de las medidas estrella de su departamento, el proyecto de ley ‘Crea y Crece’, pero su alumbramiento se produce bajo críticas a su contenido de organizaciones como la PMcM, ATA y parte del sector privado.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros Calviño ha defendido que la nueva ley tiene como objetivo impulsar la creación y el crecimiento empresarial y mejorar el clima de negocios en todo el territorio nacional.

La norma pasa ahora a las Cortes para su tramitación en el Parlamento con el fin de que el proyecto de ley quede aprobado en 2022, cumpliendo con los compromisos marcados en el Plan de Recuperación con la UE. 

Para ello, la norma reduce el coste económico y simplifica los trámites para la creación de empresas, de forma que cuando entre en vigor se podrá constituir una empresa desde un euro, tras eliminar el mínimo legal actual de 3.000 euros de capital.

Asimismo, se promueve la constitución telemática de empresas a través de la ventanilla única del Centro de información y red de creación de empresas (Circe), dependiente de la Dirección general de política de mediana empresa del Ministerio de Industria, para cumplir trámites como el de la Seguridad Social, Hacienda o el registro.  Se reducen los plazos y los costes notariales y registrales.

Medida contra la morosidad privadas: exclusión de subvenciones

Para el impulso del crecimiento empresarial se incluyen instrumentos para luchar contra la morosidad en las operaciones comerciales, un asunto calificado de»fundamental» por Calviño para la liquidez y la solvencia.

Así, se extienden la obligación de expedir y remitir facturas electrónicas a todas las operaciones comerciales entre empresas grandes, pequeñas y autónomos para garantizar una mayor trazabilidad y los pagos y el control de los periodos de pago.

También se excluye el acceso a subvenciones y de la condición de entidad colaboradora de gestión a las empresas privadas que incurran en morosidad. El proyecto de ley también prevé la creación en seis meses del Observatorio estatal de la morosidad que llevará a cabo un seguimiento de los plazos de pago.

La vicepresidenta también ha resaltado que se incluyen mejoras sen la eficiencia del marco regulatorio para facilitar el desarrollo de actividades económicas en todo el territorio nacional, simplificando la regulación existente, eliminando normas «innecesarias» y establecimiento procedimientos «más ágiles».

En esta línea, se amplía el catálogo de actividades económicas exentas de licencias incorporando las que hayan sido consideradas inocuas por al menos una comunidad autónoma. También se refuerza el papel de la nueva Conferencia sectorial de mejora regulatoria, que precisamente se reunió ayer, para desarrollar ordenanzas tipo para el ejercicio de actividades comerciales minoristas u otro tipo de formatos estandarizados, ordenanzas tipo para facilitar la prestación de servicios y el desarrollo de actividades en las regiones.

Financiación: entrada de inversores en las pymes

La Ley ‘Crea y Crece’ incorpora también medidas de refuerzo de financiación de las empresas, con alternativas a la financiación bancaria, como el ‘crowdfunding’, la financiación participativa, la inversión colectiva y el capital riesgo.

En el ámbito del crowdfunding, la ‘Ley Crea y Crece’ adapta la regulación nacional a la normativa europea, introduciendo más flexibilidad para que estas plataformas presten sus servicios en Europa. Además, se refuerza la protección de los inversores y permite la creación de vehículos para agrupar a los inversores.

Para ampliar el universo de proyectos empresariales elegibles se elevan los umbrales de los importes permitidos por proyecto financiado y por inversor. Se incluyen un conjunto de modificaciones para el impulso de la industria del capital riesgo, ampliándose el tipo de empresas en las que pueden invertir estas entidades, incluyendo empresas financieras con un alto componente tecnológico.

Con la introducción de nuevos límites para inversores minoristas el Ministerio de Economía abre la puerta a la entrada de inversores en las pymes. En detalle, se fija un mínimo de 1.000 euros para que los particulares puedan acometer una inyección de capital, mientras que el máximo puede ascender hasta el 5% del patrimonio de dicho inversor, aunque no se incluye en dicho porcentaje sus propiedades inmobiliarias ni en fondos de pensiones. 

Críticas a la nueva ley

Pero la ley no ha sido bien recibida por todo el tejido productivo, y ello a pesar de su trámite por audiencia pública en el que los interesados podrían realizar aportaciones. Fuentes de CEOE critican la norma por atajar solo la morosidad privada y no también la pública.

Desde la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) consideran que la ‘Ley Crea y Crece’ va en la «buena dirección» y es una «condición necesaria, pero no suficiente», ya que debe mejorarse en el trámite parlamentario en aspectos como el de exigir una «comprobación fehaciente» de que las empresas (para que reciban el dinero público) cumplen la ley de morosidad, de forma que «no sea solo porque presenten una declaración responsable.

La PMcM también ve «insuficiente» la facturación electrónica porque «si cuando pagas mal no te pasa nada, continuarás pagando mal», motivo por el que exige un régimen sancionador. En este sentido, lamenta «profundamente» que tras un año desde que el Congreso aprobase por unanimidad sacar adelante el régimen sancionador, un parón «injustificable» después de que la Comisión de Reconstrucción lo aprobase y fuese tomada en consideración por todos los grupos y que se solventaría aprobando las enmiendas ya negociadas.

Por su parte, la vicepresidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Celia Ferrero, ha criticado que se pierde una «nueva oportunidad» de atacar las trabas que impiden y obstaculizan el crecimiento de las empresas, al hablarse solo de sociedades y no de autónomos también.

Ferrero ha remarcado que la nueva ley habla de constitución de empresas pero el problema reside en las autorizaciones, licencias y que no haya silencio administrativo positivo, al tiempo que «no se hace nada» sobre los obstáculos al crecimiento.

En esta línea, ha criticado que la norma ataque la morosidad del sector privado al impedir la contratación pública y el acceso a subvenciones a empresas morosas, pero no se ataje la del sector público. También cree que no se debería hacer obligatoria la factura electrónica obligatoria para autónomos y pymes, vinculado al ‘kit digital’ aprobado por el Ministerio el pasado jueves, ya que por ahora se dirige solo a empresas de 10 a 49 trabajadores.