Caixabank y Unicaja seguirán con el cierre de oficinas y cajeros ante la `chapuza´ del Gobierno

Caixabank cerrará más de 600 oficinas y sus respectivos cajeros este año, según lo acordado en el ERE que puso en marcha tras la fusión con Bankia. En concreto pactó la clausura de 1.500 sucursales, pero unas 800 ya bajaron el telón en diciembre. El banco que preside José Ignacio Goirigolzarri mantendrá sus planes, pese a que el Gobierno, su segundo mayor accionista, tiene otros.  

El equipo de Pedro Sánchez trata de solucionar el problema de acceso al dinero en efectivo tras la oleada de cierres de oficinas bancarias de los últimos años y este miércoles apoyó una enmienda al Proyecto de Ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, donde se establece un plan de medidas para solucionarlo. 

Una de estas medidas es que los cierres de oficinas no lleven emparejado el cierre de cajeros automáticos en el exterior, los que dan a pie de calle. Al tratarse de un Proyecto de Ley, este debe volver de nuevo al Congreso y pueden pasar unos cinco meses hasta su aprobación definitiva.  

Además, una vez entre en vigor, el Gobierno contará con otros tres meses más para legislar y garantizar su aplicación. Por este motivo ni a Caixabank, que sería una de las entidades más afectada por los cierres de oficinas previstos para 2022, pero en general a ningún banco que tenga previsión de reestructurar su red durante los próximos meses, les tocará cumplir con esta norma.  

Desde el banco catalán, además, han insistido en los últimos meses en que no están cerrando oficinas porque sí, se trata de una integración de sucursales en aquellas zonas donde cuentan con solapamientos por la fusión con Bankia. Se integran las oficinas más pequeñas en otras más grandes, sin abandonar ningún municipio donde el banco sea la única entidad que esté presente.  

El consejero delegado, Gonzalo Gortázar, explicó recientemente que el 90% de las oficinas que se están integrando cuentan con otra a menos de 500 metros de distancia. Y recordó que pese a los cierres de oficina contarán con la mayor red de sucursales y parque de cajeros de España.  

Según los últimos datos, disponen de 4.615 oficinas y 11.534 cajeros en España. Asimismo, Caixabank se ha comprometido -en el marco de la fusión- a no abandonar plazas en las que el banco fuese la única entidad financiera. Actualmente tienen presencia en más de 2.200 municipios y en 420 son la única entidad.  

En paralelo, cuentan con iniciativas especiales para reforzar el servicio en el ámbito rural, como es el caso de las oficinas móviles, que dan servicio a 270.000 personas en 430 pequeños municipios; Otra de las entidades que podría verse afectada por esta medida que prevé aplicar el Gobierno es Unicaja.  

El banco malagueño también va a cerrar este año 395 oficinas con motivo de la fusión con Liberbank y llevará emparejado sus respectivos cierres de cajeros, pero al igual que el catalán, una vez empiece a rodar la nueva Ley ya se habrán efectuado los cierres, así que no le afectará. Actualmente, Unicaja cuenta con 1.368 oficinas, 2.679 cajeros y más de 250 agentes financieros. 

El Gobierno va tarde con su plan  

El Gobierno trata de sacar adelante esta Ley contra la exclusión financiera para favorecer a las personas más vulnerables, especialmente a las de mayor edad, pero no solo. También pretende dar solución al problema de acceso al efectivo como se ha comentado antes, sobre todo en la España rural. 

En paralelo, las patronales bancarias (AEB, CECA y UNACC) tienen previsto aprobar en los próximos días un protocolo que si estará centrado exclusivamente en las personas mayores. Fuentes cercanas al Gobierno explican que el protocolo de la banca y el Proyecto de Ley que está en curso son complementarias y “una cosa no interfiere con la otra”.  

Aunque reconocen que la iniciativa de la banca saldrá adelante mucho antes y la Ley tardará en aplicarse. Sin embargo, también recuerdan que este protocolo se ha exigido y ha salido adelante por la petición del ministerio de Economía.

Pero el plan del Gobierno llega tarde, indistintamente, porque la gran oleada de cierres de oficinas se produjo en 2021, un año en el que desaparecieron más de 3.000 además de unos 5.000 cajeros, lo que ha agravado el riesgo de exclusión financiera en algunos municipios. Y además, la iniciativa del Gobierno no hubiera estado encima de la mesa de no ser por la popular petición de Carlos San Juan, el medico jubilado.

Ahora se trata de poner solución o al menos, un parche a la herida, y además de intentar frenar la desaparición de cajeros, como adelantamos en Economía Digital los planes del Gobierno para la banca pasan por incrementar el personal de apoyo en estos cajeros para ayudar a las personas con menores capacidades digitales a realizar las operativas necesarias.  

Y que se instalen señales e indicaciones de prioridad en el uso de los cajeros automáticos por parte de personas vulnerables, además de promover la reserva de cajeros para uso exclusivo de personas vulnerables.  

En cuanto a las tecnologías de acceso a la banca piden que sean sencillas, comprensibles, inclusivas y seguras, que se otorgue la “máxima seguridad”, para proteger a los usuarios bancarios de robos, engaños y estafas online. Y en general, “cuantas medidas se consideren oportunas para acercar los servicios financieros a todas las personas”, especialmente en el medio rural. 

En este contexto, el Ejecutivo pretende seguir impulsando la colaboración con Correos, para que se instalen en sus oficinas cajeros automáticos, sobre todo en pequeños núcleos de población sin este tipo de servicios o la firma de acuerdos de colaboración con las entidades bancarias para la realización de operaciones de ingreso y retirada de efectivo.