Caixabank y Sabadell cumplen cinco años del traslado de sus sedes sociales por el 1-0
Ambos bancos se vieron abocados a tomar esta decisión como consecuencia de la crisis política que se desencadenó tras el referéndum del 1 de octubre
Sede de Caixabank en Barcelona.
Caixabank y Banc Sabadell cumplen la semana próxima cinco años del traslado de sus sedes sociales de Cataluña a Valencia y Alicante, respectivamente, una decisión que resultó difícil de tomar para ambos bancos pero que actualmente parece plenamente asentada. El motivo que les arrastró a tomar esta decisión fue consecuencia de la crisis política que se desencadenó tras el referéndum del 1 de octubre, prohibido por el Tribunal Constitucional, del que se cumple hoy cinco años.
El banco presidido por Josep Oliu fue la primera gran empresa del Ibex en dar el paso de llevarse la sede social a otra comunidad, una decisión que se materializó el 5 de octubre de 2017 y que llevó a la entidad catalana a ubicar su sede social en Alicante. Por su parte, el consejo de administración de Caixabank acordó el traslado a Valencia al día siguiente, el 6 de octubre.
Después de aquella votación, en un clima de alto voltaje en términos políticos, aumentó la preocupación por la posibilidad de que se consumara una declaración unilateral de independencia de Cataluña y el temor a un ‘corralito’ se trasladó a una parte de los clientes de los bancos catalanes.
Salidas de depósitos
Durante esos días posteriores al 1 de octubre se multiplicaron las salidas de depósitos y la creación de cuentas de esas mismas entidades en otras comunidades, las llamadas cuentas espejo, y estos movimientos llevaron a los dos principales bancos catalanes a trasladar la sede social a la Comunidad Valenciana para garantizar que, pasara lo que pasara, seguirían bajo el paraguas del Banco Central Europeo (BCE).
Ambas entidades justificaron entonces el traslado de la sede social y de la fiscal «para proteger los intereses de clientes, empleados y accionistas».
A pesar de mover tanto la sede social como la fiscal fuera de Cataluña, lo que ha llevado desde entonces a ambos bancos a celebrar en la Comunidad Valenciana sus respectivas Juntas Generales de Accionistas, ambas entidades siguen teniendo en Cataluña sus servicios centrales.
En el caso de CaixaBank, no obstante, la fusión con Bankia ha hecho que la entidad disponga de servicios centrales de peso tanto en Barcelona como en Madrid, como fruto de la unión de las dos entidades.
Caixabank se mudó a Valencia
CaixaBank pudo trasladar su sede social a Valencia gracias a un decreto ley aprobado por el Gobierno el mismo 6 de octubre de 2017, que permitía a las empresas trasladar el domicilio social a otra comunidad sin necesidad de contar con el aval de la Junta General de Accionistas.
Durante todos estos años, los directivos de CaixaBank han argumentado que aquel traslado del domicilio social fue «la mejor solución posible» ante la crisis política en Cataluña y han dejado claro en varias ocasiones que el traslado no era temporal, sino definitivo.
Por su parte, el presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, aseguró ya en la presentación de los resultados de 2017 del banco que era «complicado» que la entidad decidiera volver a situar su sede social en Cataluña, y en los últimos años el banco ha mantenido esta misma postura.
Otras huidas de Cataluña
También Banco Mediolanum y la cooperativa Arquia Banca se llevaron la sede social fuera de Cataluña – la primera a Valencia y la segunda a Madrid – como consecuencia de la crisis política, por lo que Cataluña pasó en apenas una década de tener la sede social de una decena de cajas a quedarse sin ningún banco con sede social en la comunidad.
Y es que, teniendo en cuenta las sedes sociales, Cataluña retiene prácticamente solo la sede de la cooperativa de crédito Caja de Ingenieros.
En paralelo al movimiento de esos dos grandes bancos, otro nutrido grupo de empresas cotizadas catalanas, como Naturgy o Cellnex, decidieron también esos días trasladar su sede social a otras comunidades, principalmente a Madrid, para preservar la seguridad jurídica.
Se trató de todo un terremoto empresarial que arrastraría a grandes empresas cotizadas, a empresas familiares catalanas y a compañías de diversos tamaños – varios miles de empresas catalanas, unas 5.000, según la patronal catalana Foment del Treball- a mover su sede social a otras comunidades, con la Comunidad de Madrid como destino preferente.
