Caixabank necesita reducir en 1.800 millones el coste del ERE
La entidad anunció en septiembre que los costes de reestructuración rondarían los 2.200 millones, lejos de las cifras que se negocian ahora
Caixabank está en tiempo de descuento para cerrar el ERE que ha puesto en marcha tras su fusión con Bankia. El plazo de negociación formal entre el banco y los sindicatos se ha alargado hasta el 29 de junio, veinte días más de lo previsto, pero las partes están todavía lejos de alcanzar un acuerdo.
El punto que más conflicto está generando es el de las condiciones económicas “adicionales” vinculadas a la extinción, en concreto, el pago del convenio especial a la Seguridad Social. Los sindicatos propusieron al banco en la reunión del 2 de junio que pague la cotización de los trabajadores que se acojan al ERE hasta los 63 años.
Pero esto implicaba que el banco haga este pago, en algunos casos, durante 14 años. Ya que, dentro de los colectivos de edad, se incluían a los de 49 años. Lo que se consigue con esto es que el empleado siga cotizando y cuando llegue a su jubilación, esos años le computen como trabajados.
El banco consideró entonces que esta medida era excesiva y que, sumado a las indemnizaciones, engordaría el coste del ERE hasta los 4.000 millones de euros. El consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar, estimó durante la presentación del proyecto de fusión con Bankia en septiembre que los costes de reestructuración (incluyendo el personal y oficinas) rondarían los 2.200 millones y están provisionados.
Es decir, que la entidad debe reducir en 1.800 millones el coste del ERE si quiere ajustarse a lo anunciado entonces y tiene 20 días para conseguirlo, pues en la última reunión, la de este martes, los sindicatos hicieron una nueva propuesta al banco donde además de indemnizaciones por colectivos de edad, también se incluía el pago a la Seguridad Social, aunque ahora desde los 50 años.
Ante esta situación, Caixabank ha pedido a la representación sindical que, de cara a la próxima reunión, que se celebra el 15 de junio, presenten una propuesta asumible y conforme a la realidad del negocio bancario.
Fuentes financieras explican que las posiciones continúan muy alejadas, y no solo en lo económico. Otro de los puntos clave del ERE es el límite que pone Caixabank para que solo un 60% de salidas puedan ser de empleados mayores de 52 años.
El banco catalán defiende que es necesario para preservar el equilibrio generacional y evitar que todas las salidas se concentren en el mismo tramo de edad. Pero los sindicatos tratan de eliminar este límite.
Asimismo, el objetivo que ha perseguido desde el principio la representación laboral es reducir al máximo el número de salidas, que actualmente es un 11% inferior que la cifra inicial. El banco que preside José Ignacio Goirigolzarri propuso 8.300 salidas y las ha reducido a 7.400, donde se incluyen 682 recolocaciones internas.
Pese a todo, las partes recuerdan que hay voluntad de llegar a un acuerdo, por eso se ha prorrogado el plazo de negociación desde el 10 hasta el 29 de junio. Caixabank prevé lograr unos ahorros de costes anuales de 770 millones de euros a partir de 2022 y unas sinergias por ingresos de 290 millones de euros una vez se realice la reestructuración.
El ajuste de empleados y oficinas, se pagará con el exceso de capital generado tras la integración de ambos grupos. CaixaBank ganó en el primer trimestre del año 4.786 millones de euros, tras incorporar el efecto contable positivo de la absorción de Bankia, que asciende a 4.300 millones.
La entidad cargará en las cuentas del segundo trimestre del año estos costes de reestructuración, al igual que BBVA, que el martes conseguía llegar a un acuerdo con los sindicatos y cerrar el ERE para 2.935 empleados, el 10% de la plantilla del banco de España.
El mismo contempla el cierre de 480 oficinas, la reubicación de 657 personas en otras áreas del grupo y un plan de recolocación del 100% de los empleados que salgan del banco a través de Randstad.
Según estima la entidad, el coste del plan será de 960 millones de euros antes de impuestos, de los que 720 millones corresponden a las desvinculaciones de la plantilla y 240 millones al cierre de oficinas. Y este coste será registrado en las cuentas del segundo trimestre de 2021.
