Bruselas instará el cierre de Iberpotash ante el Tribunal de Luxemburgo

La Comisión Europea se dirige al Tribunal de Luxemburgo para instar el cierre de Iberpotash por el incumplimiento de varias sentencias judiciales, que condenan a la empresa por daños al medio ambiente y por ayudas públicas de la administración.

La Generalitat de Catalunya, en tanto que Administración tutelar, sería la encargada de comunicar el cierre de la empresa minera, si llegado el caso el Tribunal de Luxemburgo emitiera una sentencia firme al respecto. La principal causa que ha desencadenado la acción de la Comisión es la salinización del Llobregat, origen del agua de boca que suministra en Barcelona la concesionaria Aigües Ter Llobregat (ATLL).

La salinización de las aguas y la privatización fantasma de ATLL llevaron al abandono de la vida política al ex consejero Lluís Recoder tras años de presiones por parte del Ejecutivo y de su partido, la antigua CDC. La clave del malestar de Recoder fue la acusación de trato de favor y ayudas públicas a una empresa amiga, en plena bronca del 3%.

La normativa europea sobre ayudas de Estado en materia de medio ambiente permite a los gobiernos europeos apoyar proyectos destinados a incentivar el cambio de comportamiento de las empresas, y a mejorar su huella ecológica. No se permiten, en cambio, ayudas destinadas a cubrir los costes del cumplimiento de normas medioambientales obligatorias. Tampoco permite eximir a las empresas de las reglas más básicas con sus obligaciones ambientales.

Beneficios desde el Govern

Iberpotash ha sido una empresa beneficiada por la Generalitat desde su desembarco en Catalunya. Germà Gordó, ex consejero de Justicia y número tres factual de Convergència, ha actuado de conseguidor y puente entre la empresa minera y el poder político. Las relaciones de interés mutuo y la conservación de los puestos de trabajo de Iberpotash han permitido a la Generalitat incumplir sentencias y aplazar una decisión definitiva, que un día u otro habría de llegar desde Bruselas.

Existen por los menos media docena de sentencias de tribunales españoles, muchas de ellas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que han resultado condenatorias para Iberpotash y para la Generalitat.

Otros procedimientos en curso responsabilizan penalmente a altos cargos de la empresa y de la administración municipal y autonómica, como Josep Canudas, alcalde electo de Suria o Assumpta Farran, ex Directora General de Calidad Ambiental, a su vez esposa del diputado de CDC, Pere Macias.

Riesgo de sanciones

Íñigo Méndez de Vigo, el actual ministro de Educación, Cultura y Deporte, en su condición de Secretario de Estado ante la Unión Europea, ha sido en los últimos años el encargado de vehicular los expedientes que abre la Comisión en España. Méndez de Vigo ha ido trasladando a la Generalitat el calendario del expediente abierto en Bruselas y recibiendo a los inspectores comunitarios que instruyen contra España por la actividad de Iberpotash.

A pesar de todo, es la administración competente (o sea, la autonómica) la que debería pagar las sanciones que pudieran surgir. El expediente de Bruselas a Iberpotash superó ya un año y medio la fase piloto con una carta de apercibimiento al Estado miembro.

La segunda fase del expediente, mucho mas expeditiva, debería abrirse en breve ya que la Administración española ha dado explicaciones que no han convencido a la autoridad europea en relación con el daño medioambiental provocado por las minas de potasa y el sinfín de incumplimientos que se le vienen transigiendo.

Finalmente, en la tercera fase, entra en escena el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo, el órgano jurisdiccional europeo con capacidad sancionadora. En los documentos que Bruselas ha acumulado durante la instrucción figuran los motivos para instar al cierre de Iberpotash. Si Luxemburgo, donde los jueces ya sustituyen a los políticos y funcionarios, admite como válidos los argumentos del expediente, España, y por ende Cataluña, afrontará sanciones económicas altas, que pondrían en vilo la actividad industrial minera.

La Generalitat juega con lentitud

En Catalunya, la lentitud intencionada de la Generalitat de permitir el incumplimiento de la normativa medioambiental en el Bages se realizó bajo el argumento de que un parón en la minería provocaría pérdidas de puestos de trabajo (Iberpotash tiene 1.200 puestos directos e induce 4.000 indirectos).

También argumentaron que podría interrumpir la inversión en la zona de la filial española de la multinacional israelí ICL, que explota dos minas situadas en Suria y en Sallent, de las que se extrae potasa, destinada principalmente a la exportación.

La explotación minera del Bages causa una gran cantidad de residuo salino (a ritmo de entre 1 y 2 miliones de toneladas anuales), que en la actualidad está depositada al aire libre en montañas no impermeabilizadas de escombros minero, con gran perjuicio medio ambiental y paisajístico.

Incumplimiento con la Justicia

El TSJC, a instancias de una asociación de vecinos de la zona, dictaminó en 2013 que la actividad minera era ilegal y declaró nula la autorización ambiental de la mina. En la práctica, esta sentencia, que habría supuesto el cierre, nunca ha llegado a aplicarse por la mediación del Departament de Territori de la Generalitat, que ha encubierto sospechosamente los incumplimientos de la multinacional.

Ha sido igual que en su día, de boca de los altos cargos del Departamento, decidió rebajar los importes de sus fianzas ambientales cuando la crisis golpeaba su maltrecha economía. Hoy Bruselas investiga estas ayudas.

La sentencia de 2013 ni siquiera fue ejecutada parcialmente, tal y como solicitaban los vecinos, lo que hubiera significado el cese del vertido de residuos en la escombrera. Pero en un nuevo episodio judicial el pasado verano, en agosto de 2015, el Tribunal Supremo ratificó al TSJC afirmando en una nueva sentencia que la actividad de Iberpotash en Sallent es ilegal.

El salvavidas de la Generalitat

Las resoluciones, autos, informes fiscales y sentencias se acumulan en los juzgados de primera instancia del Bages y en la Sala del TSJC. Para poner coto formal a la sangría de incumplimientos judiciales, la Generalitat entró en escena el pasado diciembre firmando un «convenio salvavidas» con Iberpotash, en el que participaron los ex consejeros en funciones de Territori, Santi Vila, y de Empresa, Felip Puig.

La CUP, de la mano de la sallentí Anna Gabriel, parte activa de algunos de los procedimientos judiciales abiertos contra Iberpotash y la Generalitat, solicitó de inmediato, en plena negociación con CDC, su anulación. La diputada lo puso como ejemplo de los vestigios de la vieja política partidista e interesada de CDC.

La Generalitat anunció entonces que la actividad minera en el Bages tiene un valor estratégico por sus efectos multiplicadores, tal como se contempla en el Plan Phoenix en el que la minería se vincula con el transporte, a través del cordón litoral y los puertos de Barcelona y Tarragona destinados al almacenaje, y a la última transformación del mineral en sal común de alta calidad.

El uso de la sal de Iberpotash

Iberpotash inició su andadura anunciando una inversión de 600 millones de euros de los que, en la actualidad, lleva desembolsados 450 una vez superadas las dos primeras fases de un proceso de integración químico-mineralógico y de gran calado logístico.

La potasa extraída en el Bages se traslada hasta los puertos de Barcelona y Tarragona en trenes de mercancías por la ruta de los Ferrocarriles de la Generalitat, o también en trailers de gran tonelaje por carretera. El destino de la potasa del Bages es Europa y Estados Unidos. La sal producida en sus minas de Sallent y Suria, exclusivamente dedicada al deshielo de carreteras, ha tenido su principal destino en Rusia a lo largo de un invierno plácido en el Mediterráneo, y a la espera de la demanda doméstica de este fin de semana, a causa de la llegada de un ciclón con nevadas.

Conjunción de proyectos polémicos

El plan Phoenix contempla la construcción de un nuevo trazado en ferrocarril que uniría el Bages con el eje mediterráneo con ancho europeo, aunque esta segunda parte está en el aire por las divergencias de calendarios e inversiones entre el Ministerio de Fomento y la Generalitat.

La punta de tensión en la que puede entrar ahora la extracción del Bages coincide con un mal momento del Proyecto Castor (almacén de gas natural frente a las costas de Amposta), cuyas pérdidas han salido de los bolsillos del contribuyente y de la situación estancada en el pantano de Flix, una obra civil de Ercros que provocó hace ya años un desastre ecológico de grandes dimensiones.

La actual Ercros ha sabido desgajarse de este pasivo imposible de absorber para dar beneficios por primera vez en una década. Lo mismo podría decirse de las instalaciones cementeras de Asland-Lafarge. La economía del humo y de los costes sociales, que fue un estandarte de los llamados economistas radicales de los ’70, vuelve a la actualidad con una virulencia inusitada. La responsabilidad medioambiental es la mayor bofetada que le propina la modernidad a la industria pesada.