BMW y Daimler traen sus patinetes a Barcelona (a pesar de Colau)
La llegada de Hive engrosa la lista de empresas de patinetes que en los últimos años han puesto en marcha su servicio en Barcelona
La empresa Hive de alquiler de patinetes eléctricos perteneciente al conglomerado de movilidad formado por Daimler y BMW, ha elegido la ciudad de Barcelona para ubicar su sede europea y dar el salto a la capital catalana pese a la polémica normativa de movilidad que impuso la alcaldesa, Ada Colau.
Hive, fundada en diciembre del pasado año, opera actualmente en diez ciudades de seis países –entre ellos Portugal, Grecia, Austria, Francia, Polonia y Bélgica– y prevé iniciar en las próximas semanas su actividad en la capital catalana, primera parada de su asalto al mercado nacional.
El consejero delegado de la empresa, Tristán Torres, afirma que su compañía aterriza en Barcelona con un modelo de negocio «pionero» en España, basado en la suscripción mensual, lo que permite que el usuario se lleve el vehículo a su casa, a la vez que se adecúa completamente a la normativa municipal, que impide el estacionamiento de flotas en la calle.
Un nuevo modelo de negocio
«Estamos a la espera de que el Ayuntamiento nos dé las placas de registro de los patinetes que vamos a utilizar», ha explicado Torres, que ha precisado que este trámite está retrasando los planes de puesta en marcha del servicio, prevista inicialmente para el mes de julio.
La llegada de Hive engrosa la lista de empresas de patinetes que en los últimos años han puesto en marcha su servicio en Barcelona, ciudad que ha sido pionera en regular el uso de los vehículos de movilidad personal en la vía pública –una regulación no ausente de polémica–.
Una normativa polémica
La normativa con la que el Ayuntamiento de Barcelona regula la movilidad urbana, con la limitación de motos y coches compartidos y la prohibición de patinete, no gusta nada a diferentes voces del sector, como la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO).
Según adelantó este medio, la ACCO realizó un informe contrario a Colau en el que se advertía del carácter discriminatorio de la regulación. La normativa del ayuntamiento, según se explicó en el documento, “limita el crecimiento” de las empresas que ya operan y considera además que esta iniciativa “deja un margen mínimo para atender un eventual crecimiento futuro de esta demanda”.
