El BdE critica que la nueva autoridad del cliente financiero no descarta una “enorme litigiosidad”

El Banco de España ve algunas mejoras posibles a la nueva autoridad de defensa del cliente financiero, entre ellas la gestión de la posible litigiosidad que surgirá con su puesta en marcha. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha destacado que una de sus preocupaciones es que el carácter vinculante no elimina la posibilidad de recursos, y por tanto no elimina «la posibilidad de que haya una enorme litigiosidad».

De Cos, que ha comparecido en la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso donde se debate estos días el proyecto de ley de creación de esta nueva autoridad defensora del cliente bancario, ha respondido así a las preguntas de los diputados sobre si considera que el nuevo organismo es más «eficiente» que el modelo actual.

El gobernador del Banco de España ha planteado una propuesta del supervisor para resolver este «puzle» que reside en la puesta en marcha de un «modelo autoadhseivo». El gobernador ha explicado que con esta propuesta las entidades asumirían el compromiso previo de cumplir con la resolución y, además, asumirían que la resolución que no sería recurrible.

Algo que, en opinión del Banco de España, «evitaría costes y demoras». Asimismo, De Cos ha señalado que también evitaría el riesgo de encontrarse con resoluciones contrarias sobre un recurso similar al cortar la posibilidad de acudir a dos vías diferentes de recurso.

Varias de las preguntas de los grupos parlamentarios en la comparecencia del gobernador han estado enfocadas hacia la idea de si considera que la creación de este nuevo organismo sea mejor que el modelo actual. De Cos, ha apuntado que existen tres puntos que considera que son «positivos o muy positivos», como son el carácter vinculante de las resoluciones, la ampliación del ámbito de las entidades supervisadas y la unificación de los servicios de reclamaciones.

De estos tres, considera que el primero se podría haber conseguido sin la creación de la autoridad de defensa del consumidor bancario; mientras que los otros dos «no tanto».

«Para mi, el mayor coste es no dar un salto adicional hacia el modelo twin peaks, poder conseguir tener otras sinergias de tener ese modelo de conducta», ha dicho. En este sentido ha apuntado que si se hubiera optado por este sistema de supervisión no hubiera hecho falta crear una nueva autoridad dado que habría sido la CNMV quien concentrara todas las reclamaciones perdiendo el BdE esa competencia. Mientras, que ha señalado en ese modelo, el BdE se convertiría en un supervisor prudencial.

Ahora con la creación de la nueva autoridad, el Banco de España, ve como un reto la transmisión de información entre organismos supervisores. «Más allá de no beneficiarse de las ventajas potenciales del modelo integrado, el principal reto que plantea el nuevo esquema institucional propuesto en el proyecto de ley es que la separación de la función de resolución de reclamaciones de las autoridades supervisoras no dificulte el adecuado desarrollo de la labor de supervisión de la conducta de estas», ha dicho De Cos.

En este sentido, el gobernador ha recordado que el proyecto de ley prevé «diversos mecanismos de cooperación». «En concreto, se establece el intercambio de información entre las autoridades, cuyo detalle se remite al desarrollo reglamentario, y la posibilidad de celebrar convenios de colaboración sobre distintos aspectos», ha apuntado.

Propuesta de cambio de financiación

«El proyecto de ley establece un sistema de financiación de la Autoridad basado fundamentalmente en una tasa aportada desde el propio sector financiero. La tasa se fija en un importe de 250 euros y se devenga por la mera tramitación de las
reclamaciones, con independencia del sentido en el que finalmente se pronuncie la agencia», ha apuntado el gobernador.

Este tipo de financiación busca que las entidades resuelvan las reclamaciones de sus clientes de forma amistosa, antes de que estos acudan a la autoridad. Sin embargo, Hernández de Cos, considera que esta cuota podría «provocar que cualquier disputa por un importe inferior a la cantidad de la tasa sea aceptada por la entidad con independencia de que su comportamiento se haya ajustado o no a la normativa y a las buenas prácticas, puesto que continuar el procedimiento ante la Autoridad siempre sería más costoso».

En último término, ha dicho De Cos, podría generar también un incremento de los conflictos entre los clientes y las
entidades financieras. «En este sentido, el Consejo de Estado, en su dictamen al anteproyecto, se ha pronunciado sobre la falta de proporcionalidad del sistema de tasa diseñado. Para evitar estos problemas potenciales, podrían explorarse otras alternativas como, por ejemplo, requerir el cobro de la tasa en función del número de reclamaciones contrarias a una entidad, y no meramente de las tramitadas», ha propuesto.