BBVA admite ante los inversores que puede estar mal provisionado para la oleada judicial

BBVA espera un año movido en los juzgados. El banco que preside Carlos Torres redujo las provisiones en casi 1.000 millones el año pasado, pero aquellas destinadas a litigios, en cambio, las incrementó. Pese a ello, admite ante los inversores que pueden ser insuficientes ante la alta litigiosidad a la que está sometido y que pueden dañar las cuentas del grupo este 2023.

El banco investigado en el caso Cenyt, más conocido como caso Villarejo, cerró 2022 con unas provisiones de 685 millones para cuestiones procesales y litigios, un 10% más que un año antes. El motivo de dicho incremento no fue precisamente dicho caso, pues se encuentra en caso procesal, por lo que no la han tenido en cuenta, sino reclamaciones de clientes e investigaciones de las autoridades de competencia.

En su informe de gestión de 2022 remitido al mercado este martes, BBVA justifica que “el sector financiero está expuesto a una creciente presión regulatoria y litigiosidad, de manera que las diversas entidades del grupo son con frecuencia parte en procedimientos judiciales”, así como es objeto de arbitrajes y “otros procedimientos e investigaciones gubernamentales”. Además, asegura que «el supervisor está más centrado en la apertura de expedientes sancionadores”.

Por ello, admite que su cobertura puede ser insuficiente: “La incertidumbre derivada de estos procedimientos, incluidos aquellos respecto de los cuales no se han hecho provisiones, bien porque no sea posible estimarlas o por otras razones, impide garantizar que las posibles pérdidas derivadas de los mismos no excedan los importes que provisionados, pudiendo por lo tanto afectar a los resultados consolidados del grupo”.

El informe no entra en detalle de todos los litigios en los que está, pero sí que categoriza donde están los mayores riesgos de pasar por los juzgados y tener que hacer frente a indemnizaciones que socaven sus cuentas. Se refiere especialmente a reclamaciones de clientes, sobre los cuales cree que el marco regulatorio está incrementando la protección, y las autoridades de competencia, que considera también que están siendo más duras con el sector bancario. Sobre todo, en España.

“Las acciones y procedimientos legales y regulatorios contra entidades financieras, impulsados en parte por algunas sentencias dictadas a favor de los consumidores por tribunales nacionales y supranacionales han aumentado significativamente en los últimos años y esta tendencia podría mantenerse en el futuro”, advierte. Por ejemplo, habla de cuestiones como los términos y condiciones de las tarjetas de crédito y los préstamos hipotecarios.

BBVA subraya también los «procedimientos e investigaciones gubernamentales, tales como las llevadas a cabo por las autoridades de defensa de la competencia, en determinados países que, entre otras cosas, han dado lugar en el pasado, y podrían dar lugar en el futuro, a sanciones, así como conducir a la interposición de demandas por parte de clientes y otras personas”.

La entidad que dirige Onur Genç teme que sentencias favorables a los clientes creen un efecto llamada y provoquen un alud de reclamaciones, lo que amenaza con “ocupar una gran atención por parte de su dirección y empleados” y podría tener un resultado “significativamente adverso para el grupo”.

El banco describe una especie de tormenta perfecta sancionadora contra la banca, dirigida por las autoridades políticas, para justificar el riesgo de que 2023 no sea un año tan bueno como 2022 a nivel de resultados, y concluye: “Las acciones y procedimientos legales y regulatorios a los que se enfrenta actualmente el grupo o por los que pueda verse afectado, si se resuelven en todo o en parte de forma contraria para el Grupo, podrían tener un efecto adverso significativo en el negocio, la situación financiera y los resultados de explotación”.

El caso Villarejo, un riesgo aun lejano

BBVA no concreta si el caso Villarejo está entre esos riesgos, aunque no ha hecho ninguna provisión por el mismo, ya que se encuentra aun en fase de instrucción y “no es posible predecir en este momento su ámbito o duración ni todos sus posibles resultados o implicaciones para el grupo, incluyendo potenciales multas y daños o perjuicios a la reputación”.

También destaca que no hay ninguna acusación formal contra el banco por ningún delito, si bien este hecho se explica precisamente porque solo está en fase de instrucción, en la que se investiga a los imputados –BBVA está imputado como persona jurídica–, pero aun no hay acusaciones; estas llegan en la siguiente fase, cuando se procesa a los investigados que se considera que pueden haber delinquido y van a juicio.

El banco no se refiere al expresidente Francisco González, presuntamente implicado, pero sí explica que “determinados directivos y empleados del grupo, tanto actuales como de una etapa anterior, así como antiguos consejeros, también están siendo investigados en relación con este caso”.

La entidad que preside Carlos Torres asegura que “ha venido colaborando y continúa haciéndolo de manera proactiva con las autoridades judiciales, habiendo compartido con la justicia la documentación relevante obtenida en la investigación interna contratada por la entidad en 2019 para contribuir al esclarecimiento de los hechos”.

Sin embargo, en enero dos fiscales del caso presentaron un escrito a la Audiencia Nacional para solicitar una nueva prórroga de tres meses más en la investigación de las irregularidades sobre la contratación del excomisiario José Manuel Villarejo, y el motivo que dieron para solicitarla fue que BBVA entregó “información parcial y sesgada”, con correos electrónicos incompletos. Ponían en entredicho, por tanto, la colaboración del banco.