BBVA: el primero que hable no sale en la foto

En los años ochenta, el vicepresidente Alfonso Guerra acuñó un término que ha pasado a formar parte de la historia política de este país. Con una mayoría aplastante en el Congreso de los Diputados obtenida en las elecciones de octubre de 1982, Guerra concretó en una frase, “el que se mueva no sale en la foto”, un compendio acerca de los peligros de pensar de forma diferente o hacer las cosas de otro modo.

El recordatorio, más de treinta años después, viene a colación de lo que está pasando en el desfile de directivos de BBVA por la Audiencia Nacional, imputados por el juez Manuel García Castellón por delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, y en el caso de la entidad, además, de corrupción en los negocios. Nadie hasta este momento de la instrucción sabe nada, nadie ordenó la contratación de los servicios del excomisario José Manuel Villarejo y, al parecer, no se deriva responsabilidad alguna para la entidad.

Ninguna fisura entre los que han optado por hablar (muy pocos) y, por supuesto, entre los que se han decantado por guardar silencio en sus comparecencias (la mayoría), amparados por la legalidad vigente. ¿Habrá sido casualidad que el único directivo que se ha atrevido a contestar a las preguntas del juez y de los fiscales, Antonio Béjar, expresidente de Distrito Castellana Norte (DCN) y director de Riesgos del banco, haya sido también la única víctima del proceso? Va a ser verdad que el silencio es oro.

Se ha seguido el guion que se esperaba

En principio, por la Audiencia Nacional sólo tiene que pasar otra vez el representante jurídico elegido por el banco para representar la figura jurídica de la entidad, Adolfo Fraguas, que no tuvo tiempo de explicarlo todo el pasado miércoles, en una sesión que hubo de suspenderse por el exceso de trabajo del juez. También José Manuel García Crespo, ex responsable jurídico de BBVA para España y Portugal, que esta última semana se encontraba de viaje. Cuando ambos finalicen su cita con García Castellón sólo quedará por levantar el secreto del sumario y fijar la fecha del juicio. A no ser que desde alguna instancia judicial se incremente el número de imputados, lo que no está descartado todavía.

La ley del silencio se ha impuesto en BBVA. Quizás porque todos los imputados desconocen las pruebas que existen sobre ellos al estar declarado secreto el sumario. Ni Juan Asúa (actual asesor del presidente Carlos Torres​) ni Eduardo Ortega (Servicios Jurídicos) ni Eduardo Arbizu (ex responsable legal) ni Manuel Castro (ex jefe de Riesgos) ni Julio Corrochano (ex jefe de Seguridad) han aclarado algo.

Se ha cumplido el guion que jurídicamente se esperaba. Francisco González negando que tuviera conocimiento de que el banco hubiera contratado a alguien para realizar tareas de investigación y menos aún, que pudieran ser ilegales. Y BBVA eludiendo cualquier responsabilidad del banco, menos aún la penal, y aceptando que, en algún momento, haya podido haber alguna conducta individual que pudiera ser merecedora de reproche, siempre en la etapa anterior, bajo la presidencia de Francisco González. Fraguas se ha concentrado en intentar dejar limpia la reputación de la entidad, “un banco con fuertes valores y principios”.

Los nervios van a aflorar en descalificaciones y contradicciones cuando avance el proceso judicial

Todo ha seguido el plan establecido, pero otra cosa será cuando se levante el secreto del sumario y se conozcan los pormenores del informe “forensic” encargado a la consultora PwC y a los bufetes Garrigues y Uría, cuyas conclusiones se desconocen o se han entremezclado con la investigación. Ni siquiera se sabe si está realmente finalizado.

A medida que se vaya avanzando en el proceso, los nervios van a aflorar en la misma medida que las descalificaciones y las contradicciones. Porque unas actuaciones de esta naturaleza no pueden concluir, según fuentes jurídicas, con la destitución de unos cuantos directivos aunque sean de primer nivel, sin afectar a la cúpula o, hay quien llega más allá, al propio consejo de administración que consintió, se supone que por desconocimiento de las mismas, las prácticas de las empresas de José Manuel Villarejo. Pero eso no le exime de sus responsabilidades.

Las destituciones de Béjar y de Eduardo Arbizu, al parecer encargado de supervisar los contratos que se firmaban con Cenyt, son un escaso escarmiento para tanto ruido mediático. Y sobre todo para el que queda. Al final se está juzgando una forma de hacer las cosas, que se ha prolongado durante 14 años.

Lo de menos es el dinero que Villarejo y sus empresas recibieron del banco, algo más de 11 millones de euros, los ingresos del grupo en solo cuatro horas. Aunque es lógico pensar que los contratos supuestamente firmados entre el banco y el excomisario no “constaran” en el acta de los consejos de administración del banco, en el sector cuesta creer que la iniciativa correspondiera exclusivamente a decisiones aisladas de unos pocos directivos para proteger el banco del ímpetu inversor de Luis del Rivero y, por extensión, su puesto de trabajo.