La Audiencia Nacional rechaza juzgar la quiebra de Blanco
El juez Ismael Moreno dictamina que no es competencia suya
Nuevo episodio en el conflicto de Blanco. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha dictaminado que no puede analizar la gestión y posterior quiebra de la firma de ropa que fundó Bernardo Blanco. La Plataforma de Afectados Blanco interpuso una querella criminal en diciembre del año pasado contra los últimos propietarios de la cadena de ropa. La demanda, en la que pedían penas de prisión para los antiguos administradores, fue admitida a trámite pero ahora no pasará a juzgarse en instancias superiores.
El magistrado indica en el auto que no recibió toda la información requerida del juzgado de lo mercantil de Toledo. En concreto, el escrito apunta que «se solicitó a la justicia el testimonio del administrador concursal y relación de acreedores e importe del crédito, no desprendiéndose de la comunicación de dicho Juzgado relación de acreedores ni importe de los créditos», según el texto al que ha tenido acceso Economía Digital.
El conflicto nace de la demanda interpuesta contra Global Leiva, Alhokair y AC Modus. A estas compañías y a sus gestores Simon Marshall, Masoud Mohammad Husesien Mamad, Gerard Louis Waters y Nuno Ribeiro Ferreira se les acusa de alzamiento de bienes, estafa e insolvencia punible. Por estas razones, la Plataforma de Afectados Blanco pide para los exdirectivos penas que van de los dos a los diez años de prisión.
La Plataforma de Afectados Blanco pide penas de prisión entre dos y diez años para los ex directivos por los presuntos delitos de alzamiento de bienes, estafa e insolvencia punible
La querella se fundamenta en que Alhokair “trató de eludir su responsabilidad” en la quiebra de la compañía. El grupo saudí rescató la firma del concurso de acreedores en 2013 pero tres años más tarde anunció al fondo AC Modus en una operación que genera dudas. El importe total, según Alhokair, se cifró en 83 millones, mientras que en la escritura de la venta el precio que figura es menor. En este documento el monto de la operación es de 1,19 millones de euros, por lo que la maniobra pretendía, supuestamente, evitar el pago de deudas con proveedores y trabajadores.
