Archivada provisionalmente la investigación por presunto blanqueo contra Caixabank, Ibercaja, ING y Bandemia
El magistrado Santiago Pedraz considera que no existen indicios de que las entidades financieras participasen en los hechos denunciados
La Audiencia Nacional ha archivado provisionalmente la causa que se seguía contra Caixabank, ING Bank, Ibercaja y Bandemia Banca Privada por presunto blanqueo de capitales. Tras tomar en consideración las declaraciones prestadas, la documentación aportada y los informes realizados, la justicia ha considerado que no existen indicios de que las entidades financieras participasen en los hechos denunciados.
Después de que las defensas tanto de ING como de Bandemia pidiesen el sobreimiento libre y haya concluido el plazo de instrucción de la causa, la Audiencia Nacional ha acordado la toma de esta decisión. Tal y como se desprende del auto del magistrado Santiago Pedraz, que recoge Europa Press, en el ‘caso Bandemia’ la actuación de los gestores de las cuentas tituladas por esa banca privada en Ibercaja se adecuó «a las obligaciones de diligencia debida y de información, conocimiento y seguimiento de la actividad del cliente».
«No se ha puesto de manifiesto que ING Bank adoleciera de un defecto estructural en los mecanismos de prevención del delito de blanqueo de capitales exigibles a la persona jurídica, lo que constituye el fundamento de la responsabilidad del delito corporativo», destaca el documento, a la vez que concreta que no existe base alguna para afirmar que el modelo de cumplimiento normativo implementado por ING «resultara insuficientemente eficaz para la prevención de un delito de blanqueo por imprudencia grave».
En esta línea, detalla que no ha habido ningún empleado de ese banco que haya sido investigado por los hechos, de la misma manera que no se han encontrado indicios contra Bandemia Banca Privada, puesto que únicamente hay un informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) con fecha 2018.
Reapertura de la causa
Cabe recordar que la causa se tuvo que reabrir en diciembre del año pasado, después de que la Sala de lo Penal lo acordara estimando parcialmente un recurso de Fiscalía, que pedía que se prorrogase la instrucción durante al menos seis meses para tomar declaración a investigados y testigos y seguir ahondando en las pesquisas. En el auto, la Sala reprochaba al juez Pedraz que no hubiera efectuado «un análisis de los indicios, o cuando menos de aquellos que pudieran apuntar hacia una supuestas conductas delictivas a fin de desvirtuarlos».
«O cuando menos de acreditar su insuficiencia a fin de la continuación de las actuaciones, máxime cuando al parecer existen diligencias de investigación que aún no han sido incorporadas a la causa, y que por tanto, no han sido objeto de análisis por parte del instructor, siendo así que por el contrario, el Ministerio Fiscal en su escrito de recurso aporta números indicios derivados del resultado de las diligencias de investigación hasta la fecha practicadas, que exigirían cuando menos un pronunciamiento específico al respecto», zanjaron los magistrados.