Applus llevará al Tribunal Supremo el mapa de las ITV catalán

El Tribunal Supremo será quien decida si el mapa de las ITV que impulsó el Govern tripartito es correcto o en Catalunya se tiene que aplicar la directiva europea de servicios. El gigante de las certificaciones Applus , líder en el mercado catalán (tiene una cuota del 55%) y con una gran presencia internacional, presentará un recurso de casación a la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), según han confirmado fuentes cercanas a la compañía a Economía Digital.

La resolución dictamina que esta actividad no se puede considerar “un servicio público de interés general”, tal y como se establece en la ley de seguridad industrial del Ejecutivo anterior. Tal y como denunció la empresa OCA Inspección Técnica de Vehículos. Desde el sector ya se han alzado las voces críticas con la resolución judicial. “Aquí nos jugamos la seguridad vial”, comentan fuentes vinculadas con el proceso.

Rechazo de vehículos

El mismo interlocutor explica que la apertura del mercado conllevará que más vehículos pasen la inspección. Asegura que otros territorios españoles en los que se ha liberalizado el sector, las compañías son más laxas en el momento de rechazar coches para no perder clientes.

Y esto provoca, inevitablemente, que vehículos en malas condiciones circulen por las carreteras del país. “Es el caso de Castilla-La Mancha”, denuncian. Asimismo, aseguran que su aplicación no conlleva una bajada de precios. Fuentes expertas en la regulación de vehículos afirman que es habitual que tiendan hacia un mismo precio.

En Catalunya, un coche de gasolina sin catalizador (el más caro) paga 34,72 euros para pasar la ITV. Es un precio por debajo de la media en España, de 36,40 euros. En las regiones en las que se ha abierto el mercado los precios son más bajos: 33,19 euros en Madrid y 26,09 en Castilla-La Mancha; aunque más altos que en años anteriores.

Otros recursos

Junto con Applus , también pueden recorrer la sentencia del TSJC la conselleria d’Empresa i Ocupació y las empresas Itelevesa y Certio. Desde el departamento liderado por Francesc Xavier Mena explican que están a la espera de un dictamen de los servicios jurídicos de la Generaliat. El informe valorará la idoneidad de seguir con el proceso legal.

El paso del Govern es clave para el resto de implicados. Itelevesa tiene una cuota de tan sólo el 4% del mercado, por lo que desde el entorno de la empresa aseguran que no presentará ningún recurso de casación sin el liderazgo de la Generalitat.

Todos los ojos están puestos en Certio, que controla el 20% de las estaciones de ITV de Catalunya. Actualmente están inmersos en un proceso judicial contra otra compañía que opera en el territorio, Atisae, porque el tripartito adjudicó a esta última tres estaciones en la ordenación del sector que se desprende de la ley de seguridad industrial. Precisamente, también están pendientes de la resolución del Tribunal Supremo en este sentido.

La otra compañía con un peso importante en el sector, Preven Control (la antigua RVSA, que controla el 16%) no puede interponer ningún recurso porque no se presentaron como causa en el proceso judicial. Aunque el entorno de la dirección, encabezada por Joaquim Ruiz, comenta que está en la misma línea que Applus , ven con buenos ojos los criterios por los que se ordena el mercado de la ITV en Catalunya.