Antifraude señala que ATLL le costará a la Generalitat 1.000 millones
Daniel de Alfonso considera que si el Tribunal Supremo confirma la anulación del concurso habría lucro cesante y el Govern debería pagar mucho más de los 314 millones del canon
La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), que dirige Daniel de Alfonso, se ha metido de lleno en el conflicto judicial sobre Aigües Ter Llobregat (ATLL) en el que está inmerso el Govern y el consorcio empresarial liderado por Acciona. Según la OAC, la Generalitat debería pagar más de mil millones de euros en el caso de que el Tribunal Supremo confirme la anulación del concurso de adjudicación de ATLL.
De Alfonso aseguró este miércoles en una comparecencia en el Parlament que ese era el cálculo que había realizado. «Soy de los que piensan que, cuando el Supremo anule el contrato, se van a tener que pagar mucho más que los 314 millones de euros del canon», afirmó. Su argumento es que existe una sentencia en un caso similar en el que también ha estado involucrada Acciona. Fue en el ayuntamiento de Alcobendas (Madrid), que tuvo que pagar indemnizaciones del 6% «por lucro cesante».
Irregularidades de Acciona
Hay interpretaciones distintas sobre si esa circunstancia, la del lucro cesante, se podría aplicar al caso ATLL. Si así fuera, y según Daniel de Alfonso, la Generalitat debería pagar «más de mil millones de euros».
La Generalitat podría haber entrado en otra situación, a juicio del director de la OAC. De Alfonso se refirió a la opción del Govern de «resolver», como sinónimo de rescindir, el contrato de adjudidación, agarrándose a las «irregularidades cometidas» por Acciona.
Revisión de la multa
Se trata de una investigación de Antifraude sobre adjudicaciones de Acciona a terceros, que el Govern resolvió con una multa de cuatro millones de euros, La Generalitat consideró esas prácticas de «graves», pero entendió que la tarifa no se había visto afectada y que la prestación del servicio de agua tampoco se vio perjudicada. Pero Antifraude insiste en que podía haber comportado la rescisión del contrato.
Acciona calificó la multa de «desproporcionada e infundada» y tiene todavía un plazo legal para presentar sus alegaciones, que se agota el próximo lunes. En ese caso, el Govern, a través del departamento de Territori, decidirá si confirma la multa o acaba modificando el importe.
