Anticorrupción atribuye a Serra 720 millones del agujero de CatalunyaCaixa
El fiscal Anticorrupción acusa a Serra y a la antigua cúpula de CatalunyaCaixa de provocar pérdidas millonarias a través del negocio inmobiliario de la entidad
Crecen los problemas judiciales para Narcís Serra. La Fiscalía Anticorrupción ha denunciado ante la Audiencia Nacional al ex presidente de CatalunyaCaixa y a otros catorce ex directivos de la antigua caja, entre los que está Adolf Todó, ex director general. Les acusa de un delito de administración desleal por una quincena de operaciones inmobiliarias, ejecutadas entre 2000 y 2007, que presuntamente habrían provocado un agujero de hasta 720 millones en la entidad posteriormente nacionalizada.
Estas irregularidades fueron descubiertas en su momento por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), según desveló este miércoles El Periódico. El Frob se hizo cargo de CatalunyaCaixa en 2011, después de sucesivas inyecciones de capital público y antes de la venta a BBVA.
Esta nueva denuncia se suma al proceso abierto en los tribunales contra Serra, Todó y la antigua cúpula de la entidad por la aprobación de sobresueldos cuando ésta se encaminaba hacia el desastre. El juicio para este caso –con muchas similitudes al de las antiguas cajas gallegas, que ha acabado con varios ex directivos en prisión– todavía no tiene fecha.
Según explica el documento remitido a la Audiencia por el fiscal Fernando Maldonado, CatalunyaCaixa “ejecutó una intensiva y creciente actividad inversora inmobiliaria” a través de la filial Procam. Estas operaciones, que incluyen compras de inmuebles y participaciones en sociedades del sector, alcanzaron países como Polonia y Portugal, además de la propia España.
Operaciones inviables
El problema radica en que la mayoría de estas operaciones se hicieron sin analizar previamente su viabilidad, “confiando” únicamente en la palabra de los socios copartícipes en las inversiones, que posteriormente se demostraron ruinosas. La denuncia acusa a los ex directivos de CatalunyaCaixa de dar el visto bueno a operaciones “sin realizar el análisis exhaustivo de aspectos tales como la solvencia y la capacidad de los asociados y su grado de implicación con aportación de recursos propios”.
Algunas de estas inversiones, apunta el documento, estaban condicionadas a trámites urbanísticos de resultado “incierto”, al ubicarse en terrenos no urbanizables o pendientes de recalificación.
