Andalucía pide activar otra alerta sanitaria por el jamón podrido
La Junta de Andalucía pide incluir nuevas marcas en la alerta sanitaria por la carne en mal estado
La Junta de Andalucía ha pedido al ministerio de Sanidad la activación de una nueva alerta sanitaria por los jamones en mal estado encontrados en una nave en Granada y que se pretendían introducir en la cadena alimentaria. Parte de la mercancía estaba refrigerada y almacenada en congeladores.
La consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha solicitado a la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, Aecosán, dependiente del ministerio de Sanidad, que amplíe la alerta sanitaria emitida en junio en Valencia para incluir las marcas de productos cárnicos en malas condiciones sanitarias encontrados posteriormente en la nave de Granada.
Las nuevas marcas implicadas en la trama del jamón pertenecen a Jamones Nicolau, Embutidos caseros Collbul y Embutidos Caseros Collell, con sede en Girona. Si la Agencia Española que controla la seguridad alimentaria amplía la lista, serán 11 las marcas afectadas por la alerta sanitaria.
Toda la mercancía pertenece a Comapa
La consejería ha confirmado que toda la mercancía pertenece a Comapa, el mayor distribuidor de ibéricos de España y proveedor estrella de Carrefour. El gobierno andaluz no ha detallado las marcas de Comapa implicadas en la última incautación de carne en mal estado. La consejería explica que todavía se está haciendo la contabilización de marcas y productos, un trabajo que finalizará cuando se terminen de descongelar todas las partidas, pero asegura que pedirá una alerta sanitaria que afectará a todas las marcas encontradas en mal estado en la nave.
Hasta ahora, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria había incluido ocho marcas en la alerta sanitaria emitida a finales de junio por el hallazgo de varias naves en Valencia que almacenaban jamones, embutidos y carnes en mal estado. Dos de las marcas implicadas entonces, Don Enrique y Serranía de Ameta, pertenecen a Jamones Nicolau, cuya mercancía ha vuelto a aparecer implicada en la nave de Granada.
Las marcas que fueron incluidas en la alerta sanitaria por solicitud de la Comunidad Valenciana son: Jamón Bodega Alto de Aitana, Jamón Bodega Sierra Gorda, Aire de Mariola, Serranía de Ameta, El Galán, Jamones Croval, Don Enrique y Oro de la Ermita, que se vendía en Carrefour en ofertas agresivas con whisky y ginebra de regalo.
Los investigadores sospechan que las empresas implicadas en la trama del jamón podrido, y que fue destapada el mes pasado en exclusiva por este medio, están intentando deshacerse de mercancía y destruir pruebas ante el avance de las investigaciones judiciales.
Cambio de versión oficial
La Junta de Andalucía hasta ahora había guardado silencio en un caso que ha despertado inquietud en los gobiernos autonómicos. El gobierno de Susana Díaz no se había pronunciado después de que la Guardia Civil de Granada anunciase que se había destruido la mercancía sin la autorización judicial. Ahora, el gobierno andaluz desmiente la versión aportada por la Guardia Civil y explica que las mercancías no han sido destruidas, tal como anunció el cuerpo hace dos semanas.
Ahora la Junta asegura que toda la información de las inspecciones ha sido trasladada al organismo dependiente del ministerio de Sanidad, que deberá decidir si amplía la alerta sanitaria.
El grupo parlamentario de Podemos había anunciado que pediría explicaciones al gobierno de Susana Díaz para que aclarase las actuaciones sanitarias y para que explicase por qué motivo no se había emitido una alerta sanitaria después del hallazgo de junio. Los diputados de Podemos exigieron a la consejería de Salud aclarar la actuación de los departamentos encargados de la salud pública y exigir máxima transparencia en un caso que pone en riesgo la salud pública. El Partido Popular aseguró que estudiaría el caso y Ciudadanos ha guardado silencio.
La Comunidad Valenciana solicitó la emisión de una alerta sanitaria de inmediato para poner el caso en conocimiento de los inspectores sanitarios de todas las comunidades autónomas. El tratamiento dispar hizo saltar las dudas, pero ahora el gobierno andaluz ha prometido mayor transparencia.
