Agricultura viola su propia ley al indultar a los infractores del ibérico
El ministerio de Agricultura infringe su propia ley del jamón ibérico para dar plazos de gracia a la empresa que certificó los jamones de bellota de 189 euros
El ministerio de Agricultura ha infringido su propia ley para posponer las sanciones a una empresa suspendida por irregularidades en su labor de inspección a los productores de jamón ibérico.
El ministerio dirigido por Isabel García Tejerina ha decidido condonar al menos durante un mes el cese de actividades de Certicalidad, una de las empresas líderes en las actividades de inspección y certificación que fue suspendida por la Entidad Nacional de Certificación, Enac, el pasado mes de noviembre por irregularidades en su actividad de inspección.
La norma de calidad del ibérico (Real Decreto 4/2014), impulsada por el propio ministerio bajo las órdenes del antecesor ministro Miguel Arias Cañete, establece que una empresa inspectora o certificadora que vea suspendida su acreditación en el sector del jamón ibérico debe cesar sus actividades de inmediato.
Pero el ministerio, mediante una circular administrativa, prorrogó la actividad de Certicalidad al menos durante un mes, según un documento ministerial al que ha tenido acceso Economía Digital. A través de este documento administrativo, el ministerio contraviene el texto legal de su propia ley que establece el cese inmediato de la actividad.
“La suspensión o retirada de la acreditación implicará el cese automático de toda actividad, relacionada con esta norma, en tanto en cuanto no se reinstaure la acreditación”, establece el artículo 15 de la ley.
Certicalidad ha sido la empresa que ha certificado los polémicos jamones ibéricos de bellota que distribuye la empresa Comapa y que Carrefour ha comercializado durante toda la campaña de Navidad por 195 euros y que hoy se vende a 189 euros. Antiguos inspectores de la empresa suspendida aseguran que la compañía ahora está trabajando a toda marcha para recuperar las labores de inspección retiradas.
Este diario se ha puesto en contacto con Certicalidad, la empresa que certifica los polémicos jamones y con Enac, la máxima entidad supervisora para conocer los motivos de la suspensión de la empresa. Ni la compañía ni la entidad detallaron los motivos por los cuales se le retiró la función de inspección.
La Guardia Civil dirige una investigación contra el fraude en el etiquetado de falsos jamones ibéricos de bellota, que salpica a la principal distribuidora de jamones de España, Comapa, a Carrefour y a los supermercados Makro. Y la certificadora de esos jamones era Certicalidad, que vio suspendida sus labores de inspección recientemente.
Irregularidades en la inspección
Enac es una empresa privada, declarada de utilidad pública y designada por el gobierno para operar en España como el único Organismo Nacional de Acreditación, en aplicación del reglamento comunitario 765/2008 que regula el funcionamiento de las acreditaciones en Europa.
Los inspectores de las empresas certificadoras deben cerciorarse, entre otras cosas, de que los cerdos ibéricos de bellota cumplan con el peso estipulado a su entrada en montanera, que se críen guardando espacios mínimos, que engorden en la dehesa únicamente a base de bellotas y que no sean alimentados de manera supletoria con pienso durante los meses antes del sacrificio.
Con una facturación cercana al millón de euros en 2016, Certicalidad es una de las principales empresas del sector y está dirigida por Francisco Caballero Morgado, empresario radicado en Sevilla y con estrecha relación con la asociación interprofesional del cerdo ibérico, Asici.
Certicalidad fue suspendida en noviembre por motivos que no han sido difundidos por el máximo organismo de certificación. Se entiende que la suspensión fulminante obedece a graves irregularidades, aunque ni la empresa ni la entidad detallan los motivos.
La “medida excepcional”
El 11 de diciembre pasado, el ministerio de Agricultura publicó un documento administrativo que contraviene su propia ley. El ministerio dio un plazo de 30 días a la empresa suspendida, después de un acuerdo al que se llegó en la mesa del ibérico, organismo ministerial compuesto por comunidades autónomas y la interprofesional del sector, entre otros.
“De manera excepcional y durante un periodo máximo de 30 días siguientes a la fecha en la que se produjo la suspensión temporal de la entidad de inspección, se podrán emitir informes de raza, edad y alimentación”, explica el documento al que ha tenido acceso este diario.
Economía Digital se ha puesto en contacto con el Ministerio de Agricultura para conocer los motivos por los cuales el ministerio contraviene su propia legislación. Al cierre de este trabajo, el ministerio no había contestado a las preguntas formuladas.
El trasvase
El hueco dejado por Certicalidad está siendo asumido por las otras seis empresas inspectoras y certificadoras del ibérico en España. Una de ellas es Certibérico Charro, una empresa con sede en Salamanca y en la que el alcalde de Guijuelo, Francisco Julián Ramos (PP), es copropietario.
La empresa salmantina acaba de recuperar la acreditación inspectora que fue suspendida entre junio y noviembre de 2017.
Fuentes cercanas a la compañía explican que parte de los trabajadores de la empresa inspectora actualmente suspendida, Certicalidad, han sido absorbidos por la empresa que acaba de recuperar la certificación, Certibérico Charro.
El administrador de esta última sociedad Francisco Javier Rebollero asegura que la retirada de las acreditaciones de inspección o certificación son habituales en el sector porque Enac aplica la normativa con demasiada severidad.
El empresario niega que su compañía haya contratado a inspectores de Certicalidad, la empresa actualmente suspendida. “Eso sería algo ilegal”, explica. Pero este diario ha recibido una versión completamente contraria por parte de los inspectores.
Economía Digital se ha puesto en contacto con algunos inspectores de Certicalidad, que confirmaron que ahora trabajan para Certibérico Charro, pero se negaron a ofrecer mayores detalles. “No hemos aumentado la plantilla. Otra cosa es que tengamos acuerdos de colaboración con otras certificadoras”, asegura. Algunos ex clientes de Certicalidad también han pasado a la cartera de clientes de la empresa del alcalde de Guijuelo, según los trabajadores.
Rebollero está convencido de que en el sector se ha sembrado la sospecha sobre todas las entidades de certificación. “Se nos trata como si fuésemos criminales. Nosotros podemos controlar un centro un día y está todo bajo control. Si el día siguiente se cometen irregularidades ya escapa nuestro alcance. No podemos hacer inspecciones cada día”, explica. “Si todas las empresas lo hacemos tan mal, que sea el ministerio el que haga las inspecciones”.
