Agbar se lanza a la ‘guerra del agua’ con la Generalitat

La guerra del agua en Catalunya adquiere una dimensión diferente. La paciencia de Agbar parece haberse agotado un año y dos meses después de que la Generalitat adjudicara a un consorcio encabezado por Acciona el suministro de agua en alta. Los tribunales han tumbado aquella precipitada decisión y la empresa barcelonesa ha decidido reclamar de manera inmediata sus derechos sobre el concurso, que rondaba los 1.000 millones de euros.

El mediodía del viernes 7 de febrero, Agbar solicitó a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la ejecución de las diversas resoluciones judiciales que determinan que la adjudicación de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) a sus actuales gestores se hizo de espaldas a la ley. Entre otros detalles, el consorcio no cumplía con los calendarios de obras que eran requerimiento básico del concurso. Solicitan la nulidad inmediata del contrato.

Caminos agotados

La decisión, avanzada este domingo por La Vanguardia, se produce justo después de que hayan fracasado todos los intentos de negociación para resolver el asunto por vías políticas y empresariales. La Generalitat ha declinado aceptar las resoluciones de la justicia mientras ganaba tiempo.

También se han producido contactos infructuosos entre algunos miembros de Agbar y los accionistas catalanes del consorcio liderado por Acciona. El último de ellos tuvo lugar en la comida ofrecida por Luis Conde (El civet, en Fonteta), sin resultados aparentes.

Una reacción inusual pero contundente

El agotamiento de las vías de negociación han finiquitado la paciencia del grupo empresarial que considera lesionados sus derechos en la adjudicación. Se trata de una inusual reacción: Agbar cuenta a la Generalitat como uno de sus clientes en otras cuestiones. “Es una constatación de la temeridad y rareza con la que se adjudicó y de la extraña sinrazón de conceder un contrato en situación de irregularidad. Ninguna empresa reacciona así si no dispone de la absoluta constatación de haber sido expresa y torticeramente perjudicada”, asegura una fuente jurídica conocedora del conflicto.

En el escrito que Abgar ha presentado ante el TSJC se solicita la nulidad inmediata del contrato y la reversión de la adjudicación a la compañía que preside Ángel Simón. De hecho, en los razonamientos jurídicos que sustentan la petición, la firma catalana insinúa su voluntad de plantear “una denuncia contra la Generalitat” ante la Comisión Europea por incumplimiento del derecho comunitario.

¿Indemnización?

En medios jurídicos se señala que, a diferencia de lo que ha sostenido Acciona hasta la fecha, la revocación y el cambio de adjudicación no dará derecho a ninguna indemnización de la Generalitat a Acciona. De hecho, el presidente de la constructora madrileña esgrimió una carta de la Generalitat en la última junta de accionistas para tranquilizar a los socios ante la posibilidad de que el contrato fuera finalmente anulado.

Acciona todavía no ha satisfecho a la Generalitat los impuestos derivados de la adjudicación. Los ganadores iniciales del concurso deberían haber ingresado entre 30 y 40 millones de euros por los tributos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que son competencia de la administración autonómica.

Insólito enfrentamiento

La deuda pendiente y permitida se asocia en el ámbito empresarial a la inseguridad de la operación y a la constancia del Ejecutivo catalán sobre la vulnerabilidad jurídica de su decisión.

La mayor privatización de la Generalitat de Catalunya ha dado pie a la guerra del agua, pero además ha causado un insólito enfrentamiento entre una empresa privada catalana y la propia administración. Se da la circunstancia, incluso, de que el banco brasileño BTG, que participa en el consorcio que recibió la primera prebenda de la Generalitat, ha mostrado un cierto hartazgo por el devenir de los hechos y la seguridad jurídica que la inversión le ha producido.

Posibles cambios accionariales

El consorcio adjudicatario está formado por Acciona (45%), BTG (45%), la familia Rodés (5%) y la familia Godia (5%). BTG también participó, con Abertis, en la privatización de túneles de peaje catalanes que no han vivido ningún traspiés como el de ATLL. Así, los socios brasileños estarían explorando la posibilidad de mantenerse en el negocio, pero de la mano del futuro adjudicatario en vez de junto a la familia Entrecanales. Los accionistas y compañeros catalanes de Acciona en el consorcio también podrían reconsiderar su decisión, según ha podido saber este medio.