Agbar lleva de nuevo a Recoder ante el TSJC

Pocos concursos públicos han propiciado dos interlocutorias del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) antes de que alguna de las partes pida su impugnación. La adjudicación de Aigües Ter Llobregat (ATLL) a un consorcio liderado por Acciona va camino de la tercera este lunes. Aguas de Barcelona (Agbar) presentará otro recurso ante el alto tribunal catalán para que el departamento de Territori i Sostenibilitat, liderado por Lluís Recoder (CiU), le permita tener acceso a la oferta presentada por su rival.

El TSJC ya ha dicho en dos ocasiones a Recoder que debe remitir la documentación que presentó Acciona al concurso al demandante. Incluso ha hecho una lista de qué informes entiende que son confidenciales y cuáles no. El equipo del conseller tiene que enviarlos a la sede de Agbar, situada en plaza de les Glories en Barcelona, y, antes, mostrarlos a los representantes de la compañía de aguas liderada por Ángel Simón. Pero el político no da su brazo a torcer.

Reunión polémica

Tras la segunda interlocutoria de los magistrados, Recoder convocó un encuentro el viernes pasado en el departamento de Territori i Sosteniblitat en Barcelona. Pero, finalmente, no permitió que el equipo legal y otros representantes de Agbar pudieran consultar el expediente de concesión de ATLL. Una información necesaria para poder establecer la base legal del recurso para impugnar el concurso que ya han anunciado que presentarán.

Fuentes conocedoras del encuentro aseguran que el político convergente incluso invitó a representantes de la adjudicataria de ATLL, el consorcio de Acciona, a estar presentes en la reunión. Un procedimiento muy poco usual cuando un litigio sobre la idoneidad de la tramitación de un concurso público está en la fase actual, en la que ni siquiera se ha detallado legalmente la impugnación.

Comité de mediación público

De forma casi paralela al fallido encuentro en la sede de Territori i Sostenibilitat, el comité de mediación de la Generalitat, el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Catalunya (Oarcc), suspendía temporalmente la concesión de ATLL para levantar la medida pocas horas después alegando que el servicio de la empresa es esencial para cinco millones de habitantes.

Una decisión que ha añadido más leña al fuego en el pulso legal que mantiene el departamento de Recoder y Aguas de Barcelona.