Agbar gana; Acciona y la Generalitat pierden

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ya se ha pronunciado sobre la mayor privatización de la Generalitat de Catalunya. Ha dado la razón a Aguas de Barcelona (Agbar) frente a Acciona, la empresa que resultó adjudicataria de Aigües Ter Llobregat (ATLL), y el propio Govern que defendió la metodología de esa concesión.

La sección quinta de la sala contencioso administrativo del TSJC ha emitido tres interlocutorias en las que se desestiman los recursos presentados por la Generalitat y confirma la decisión que había adoptado el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Catalunya (OARCC), organismo que dirige Juan Antonio Gallo. Este ente público señaló que existían diversos incumplimientos en las condiciones del concurso que obligaban a revocar la adjudicación del suministro de agua a Acciona.

Tanto la empresa que resultó concesionaria como el Ejecutivo de Artur Mas hicieron caso omiso de su propio organismo y recurrieron su decisión, lo que ha propiciado un embrollo jurídico que el TSJC acaba de resolver.

Contrato nulo

La divulgación de las tres interlocutorias ha coincidido con una sesión especial en el Parlament de Catalunya en la que han comparecido el responsable de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, y el de Economia i Finances, Andreu Mas-Colell. Tras su comparecencia, ambos se han reunido con los asesores jurídicos de los departamentos para hacer una primera valoración de las interlocutorias. “En el mismo documento se dice que la posición de la Generalitat es sostenible pero que no justifica la suspensión del contrato”, ha señalado Mas-Colell.

Vila ha destacado que tienen 10 días para tomar la decisión de presentar primero un recurso de alzado y, luego, uno de casación. Dos formas de proteger la adjudicación actual del servicio a Acciona. Y es que el TSJC ha declarado nulo el contrato que firmaron con Acciona.

Servicios jurídicos

A lo largo de la tarde de este miércoles, los servicios jurídicos de ambos departamentos se reunirán para analizar los detalles de las interlocutorias del TSJC. “Nos preocupa la continuidad del servicio, su precio y la estabilidad laboral”, ha afirmado el responsable de Economia.

Por ahora, el consorcio liderado por Acciona se quedará la gestión de ATLL por 10 días. La gestora de infraestructuras de la familia Entrecanales ya ha anunciado que recurrirá al Tribunal Supremo.

Recuperar el servicio público

La oposición ha reclamado al Ejecutivo catalán que inicie los trámites necesarios para que la gestión del agua en alta sea de nuevo pública. Esta ha sido la apuesta del PSC, cuyo portavoz, Jordi Terrades, ha tachado de “desproposito” la gestión de la concesión y ha reclamado “responsabilidades políticas” por su resultado final. En línea a la petición de ICV-EUiA, que ha recordado las posibles incompatibilidades con el marco europeo.

Mas-Colell y Vila también han tenido que escuchar las críticas de sus socio de gobierno, ERC. El representante de los republicanos en la comisión, Marc Sanglas, ha dejado claro que no apoyan la concesión administrativa de un servicio de estas características. “ATLL es una pieza estratégica de la construcción nacional del país que el Govern debe recuperar”, ha afirmado.

También han cargado contra la pulcritud del proceso el PP y Ciutadans. “Un proceso limpio y transparente no hubiera generado ningún problema”, ha declarado el representante popular, Santiago Rodríguez. Por su parte, Jordi Cañas (C’) también ha reclamado responsabilidades políticas por el resultado final de la mayor privatización de la Generalitat.