Aena saca ventaja a sus inquilinos ‘rebeldes’ en los juzgados

Pese a las semanas de aparente calma, el enfrentamiento entre Aena y sus inquilinos sigue activo. El pulso no está ahora en las negociaciones, sino en los juzgados, pues el periodo de diálogo se ha agotado. Diferentes juzgados de primera instancia están pronunciándose sobre la posibilidad del gestor aeroportuario de ejecutar los avales y quedarse con las tiendas de aquellos establecimientos que no cumplan con los pagos.

Fuentes judiciales consultadas por Economía Digital explican que el recuento de resoluciones están cayendo más del lado de Aena que de sus arrendatarios. En concreto, según estas mismas voces, el total de resoluciones sería de 5 fallos a favor por 2 en contra.

Una de las últimas victorias llegó la pasada semana. El juzgado de primera instancia número 1 de El Prat de Llobregat (Barcelona) desestimó la adopción de medidas cautelares solicitada por la cadena de zapaterías Tascón contra la compañía presidida por Maurici Lucena. El pequeño comercio reclamaba la suspensión del pago del alquiler de sus tiendas en los aeropuertos de Barcelona y Madrid por la pandemia.

Distinto signo tuvo la sentencia que resolvió a favor de Zea Retail, un pequeño comercio de las Islas Baleares que ha conseguido torcer el brazo de Aena y posteriormente se ha mostrado dispuesto a crear una plataforma que englobe a todos los comercios en su misma situación.

En este caso fue el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Ibiza quien dio la razón a mediados de enero al comercio rebelde con Aena. Los tribunales de las islas evitaron que este pequeño inquilino tuviese que hacer frente al pago de la renta mínima garantizada anual (RMGA) del ejercicio 2020, que en su caso ascendía a casi medio millón de euros (441.690 euros).

Ante la situación de desequilibrio en resoluciones judiciales hacia un lado de la balanza, las fuentes consultadas recuerdan que los jueces se están pronunciando sobre la adopción de medidas cautelares y no sobre el fondo del problema. Queda tiempo para conocer cuál será el resultado final.

Aena suma apoyos y críticas con su oferta

El pulso entre Aena y sus inquilinos empezó a principios de año. La renta mínima garantizada que Aena cobra anualmente a los comercios que venden bajo su techo se debía liquidar a partir de febrero después de un año marcado por la pandemia, en el que la demanda ha caído a niveles mínimos y sin precedentes.

La situación, por tanto, debía valorarse teniendo muy en cuenta el factor de la crisis sanitaria. Y Aena, en su opinión, lo hizo: asumió parte de las pérdidas en ingresos de los establecimientos y ofreció una quita del 50% sobre este pago anual hasta el verano, aunque condicionó aceptar la propuesta a renunciar a acciones judiciales en un futuro. De no aceptar esta oferta, en cambio, el pago a abonar en febrero sería del 100% de la RMGA, como antes de la pandemia.

Algo menos de la mitad de los inquilinos aceptaron, pero muchos otros vieron insuficiente la propuesta. Una de las quejas se centraba en que la rebaja ofrecida por Aena no aplica a todo el año, ya que el gestor aeroportuario quiere que las condiciones de los alquileres previas al covid se restablezcan cuando se sobrepase la primera mitad de 2021, concretamente a partir de septiembre.

Los inquilinos, por su parte, creen que a partir de dicho mes ningún indicador económico o similar (niveles de consumo o de tráfico aéreo) será equiparable a los registrados antes de marzo de 2020.

El Gobierno, interpelado para mediar

La batalla ha cobrado mucha importancia hasta el punto de salpicar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El jefe del Ejecutivo recibió una carta en la que se le informaba de que peligraba «la continuidad de 12.000 empleos” del sector hostelero si no se encontraba una solución.

Se trata de un dato que hay que tener en cuenta porque el 75 % de los 12.000 trabajadores que emplea el sector en el gestor aeroportuario están bajo Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) a causa de la caída del tráfico de pasajeros (-72% a cierre de 2020).

La misiva fue enviada desde las patronales Hostelería de España y Marcas de Restauración, así como desde los sindicatos CCOO y UGT. Los firmantes calificaron la situación de “extremadamente grave”, porque a sus ojos existe “un riesgo real para la viabilidad de la mayoría de estas empresas a muy corto plazo”. La carta todavía no ha recibido respuesta, según explicaron fuentes oficiales de Marcas de Restauración al cierre de esta información.