Aena recurre ante la Justicia el recorte de los alquileres
El gestor aeroportuario argumenta que la decisión del Congreso de minorar sus ingresos por los locales comerciales vulnera el derecho a la propiedad privada
Aena solicita un recurso de inconstitucionalidad por el recorte de los alquileres. En la imagen, los pasillos de uno de sus aeropuertos.
Aena ha decidido plantar batalla judicial contra la decisión del Congreso de los Diputados de reducir el dinero que percibe por el alquiler de sus locales comerciales. El gestor aeroportuario ha solicitado un recurso de inconstitucionalidad ante el Juzgado de Primera Instancia de Madrid con el objetivo de revertir el recorte acordado por los grupos parlamentarios.
Los abogados de la empresa pública han argumentado que la normativa atenta contra el derecho a la propiedad privada y que se ha vulnerado tanto la tutela judicial efectiva como el principio de igualdad, ya que el texto se debatió en la cámara estaba redactado de manera específica solo para los aeropuertos, según ha publicado El Confidencial.
La ley no habilita a Aena para presentar directamente el recurso de inconstitucionalidad, por lo que la petición va dirigida al juez para que sea él quien valore finalmente esta posibilidad. Los grupos políticos de al menos 50 diputados sí que cuentan con esta competencia, pero el respaldo mayoritario del Congreso al recorte de los alquileres hace imposible mantener esta vía.
Aena acude a los juzgados para defender a sus accionistas
El gestor aeroportuario ha adoptado esta decisión drástica bajo el pretexto de proteger los intereses de sus accionistas, tanto de la parte privada como de la pública. El 51% del capital de la compañía pertenece a la Administración del Estado, lo que le convierte en el accionista mayoritario.
El movimiento judicial entraba dentro de los planes de Aena desde que el Parlamento acordó que a partir de ahora debería adaptar la renta de los alquileres comerciales y de sus restaurantes al flujo real de pasajeros de los aeropuertos. Sus estimaciones calculan que el cambio se traducirá en una pérdida de 1.500 millones de euros.
Aena ha acudido a los tribunales, después de que los grupos parlamentarios echaran por tierra la oferta que les realizó a los inquilinos después de la crisis del coronavirus pero que quedó obsoleta por la nueva normativa. Su alternativa fue aceptada por más de dos tercios de los comerciantes de sus aeropuertos.
Además del impacto económico, el recorte en los alquileres ya ha empezado a pasar factura el gestor aeroportuario en su estabilidad financiera. La agencia Fitch decidió rebajar su calificación hasta el nivel A-, debido al horizonte de desplome de ingresos que se producirá durante los próximos cinco años.
