Aena cae en bolsa tras verse forzada a rebajar el alquiler de sus locales

Duro revés en las finanzas de Aena tras la votación este jueves en el Congreso, por la que se rechaza que la operadora aeroportuaria pueda volver a reclamar el 100% del alquiler a las empresas que alquilan sus locales en los aeropuertos españoles.

Tras la votación de la medida, Aena está obligada a rebajar el alquiler de sus locales de forma proporcional al tráfico aéreo y afluencia de turistas que lleguen a los aeropuertos del país hasta que se recuperen las cifras de viajeros de 2019.

Eso ha hecho que la compañía haya perdido, en tan solo una hora, unos 315 millones de euros en bola, pasando el valor de sus acciones de valer 140,50 euros cada una a los 138,4 euros. La caída en el día ha sido del 1,63%, pero hay que tener en cuenta que por la mañana subía más de un punto.

Un PSOE que recula y una Aena que se crece

En el Congreso, los socialistas, que habían intentado darle la vuelta a la situación, han terminado, como Unidas Podemos, por abstenerse, en vista de la mayoritaria oposición. Sus socios morados, por otra parte, no han votado en contra presumiblemente por no causar una nueva crisis de Gobierno.

“El Estado debe dar ejemplo, y la rebaja de las rentas debería ser pareja a la de la caída de la actividad económica“, ha aleccionado del diputado de UP, Txema Gujarro en sede parlamentaria.

El PNV, que era una de las pocas formaciones que no se había posicionado según anunciaron, para dar más tiempo para que las 120 empresas que aglutinan a 14.000 trabajadores -de las que 100 son pymes-, ha finalmente formado bloque con la oposición tras manifestar su decepción con una compañía con gestos «prepotentes» que no ha sabido, en su opinión, aprovechar el tiempo dado para negociar.

Según se puede constatar a través que el comunicado que Aena ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, «Aena está analizando las implicaciones jurídicas de esta normativa y ejercerá todas las acciones que correspondan en defensa del interés social de la compañía», ha avanzado en el comunicado a la CNMV», por lo que la vía de los tribunales no ha sido todavía descartada.

Además, también han argumentado que esta nueva normativa, que consideran «inconstitucional», no hace sino arrojar «inseguridad jurídica» a la economía española.

Pérdidas multimillonarias

Como ya avanzaba este mismo jueves Economía Digital, Aena calcula que la rebaja de los alquileres a sus comercios y restaurantes le costará 1.500 millones de euros.

Y es que, teniendo en cuenta el tráfico real de pasajeros de 2020, la previsión para 2021 y la evolución del tráfico prevista en la propuesta de DORA II para el periodo 2022-2026 (año en el que se prevé alcanzar de nuevo el tráfico de 2019), Aena estima una reducción en los cobros de ingresos comerciales de, aproximadamente, 1.500 millones a lo largo del periodo 2020-2025.

Una vez entre en vigor la norma (tras su publicación en el boletín oficial) Aena ya no podrá exigir el pago de la renta mínima anual garantizada (RMAG) en los contratos correspondiente al periodo de entre el 15 de marzo y el 20 de junio de 2020, correspondientes al primer estado de alarma. Eso será ya, pues, dinero perdido para la entidad semipública.

Por otra parte, a partir del 21 de junio de 2020, la RMAG fijada en los contratos quedará reducida en proporción directa al menor volumen de pasajeros en el aeropuerto donde se ubique el local respecto al volumen de pasajeros que existió en ese mismo aeropuerto en 2019.

Una batalla que se esperaba perdida

No hubo nunca una gran esperanza para que se diera una victoria real de Aena en el Congreso de los Diputados, ya que la compañía que gestiona Maurici Lucena contemplaba la «pinza que podían hacer diversas formaciones políticas a ambos extremos ideológicos del hemiciclo, como ERC, PP y Vox.

Además, como ya adelantaban los expertos consultados por Finanzas.com, “en caso de confirmarse la aprobación, y aunque haya la posibilidad de recurso por parte de Aena, el impacto sería negativo, tanto a nivel cuantitativo por el descenso de los ingresos respecto a las previsiones, como cualitativo, porque puede llevar a un proceso judicial que se extienda en el tiempo y por la pérdida de seguridad jurídica que supone para los inversores”, por lo que cabe esperarse que lo que se perdió en el Congreso, se batalle de nuevo en los tribunales.