Aena se agarra a Blackrock y Chris Hohn para llevar la guerra con los inquilinos a Bruselas
Los inversores privados de Aena, principalmente fondos, pueden llevar el conflicto de los alquileres a la Comisión Europea
Aena se dejó en bolsa este jueves más de 300 millones en solo unos minutos después de que el Congreso diera luz verde a los inquilinos, quienes podrán modificar sus contratos de alquiler ajustando la renta al flujo real de pasajeros, como llevan pidiendo durante meses.
La empresa que dirige Maurici Lucena informó al mercado de que dejará de ingresar (como mucho) 1.500 millones en un periodo de cinco años y advirtió de que analiza las implicaciones jurídicas de esta normativa, además de que ejercerá todas las acciones que correspondan.
Se plantean varios escenarios. Uno de ellos es presentar un recurso de inconstitucionalidad. Esto lo puede hacer el propio Gobierno o los jueces. En el primer caso estaría legitimado el presidente del Gobierno, pero también 50 diputados, 50 senadores, el defensor del Pueblo, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas o sus Asambleas.
Sin embargo, si un órgano judicial considera que la norma puede ser contraria a la Constitución también podrían presentar recurso. Existe una segunda opción, ir por la vía del Derecho de la Competencia Europea. Esto ocurriría si un accionista privado de Aena denunciara que con este norma, el Gobierno da ayudas ilegales a los operadores.
El conflicto llegaría entonces a la Comisión Europea, con sede en Bruselas. Aena es semipública, un 51% pertenece al Estado pero un 49% está en manos de accionistas privados, principalmente fondos. Chris Hohn, gestor del fondo The Children’s Investment Fund Management (TCI) tiene un 6,5% y Blackrock, la mayor gestora de fondos del mundo, tiene más del 3% de la compañía.
El presidente de la Asociación Española de Operadores Comerciales de Aeropuertos (AEOCA), Manuel Zea, indica que estos fondos han instado a Aena a no ofrecer a los inquilinos rentas adaptadas al flujo de pasajeros, como si ha hecho la empresa en otros aeropuertos de su propiedad, por ejemplo en México.
Al respecto recuerda que todos los aeropuertos de Europa han llegado a este acuerdo con sus operadores menos Aena. Algo que han entendido todos los políticos, quienes han respaldado en el Congreso la votación.
Aena ofreció a principio de año a los locales comerciales y de restauración descuentos en los alquileres con motivo de la pandemia, pero a los inquilinos la medida les pareció insuficiente. Los mismos han defendido desde el principio que la renta tiene que adaptarse al flujo de pasajeros.
Si bien, el tráfico de pasajeros en los aeropuertos españoles cayó el año pasado un 72,4% respecto a 2019; Pero también, entre enero y agosto de este año, la caída sigue siendo del 70%. Pese a ello, muchos aceptaron la propuesta de Aena (94 operadores exactamente, el 67% del total de contratos afectados), en su gran mayoría pequeñas y medianas empresas.
En paralelo, estos pequeños comerciantes trasladaron el problema a la esfera política, mientras que los más grandes decidieron directamente resolver el conflicto en los tribunales. Finalmente, el pasado 15 de septiembre, conseguían que el Senado aprobara una enmienda en la que se proponía la exclusión de la Renta Mínima Anual Garantizada (RMAG) durante el periodo del estado de alarma inicial (del 14 de marzo al 20 de junio de 2020) en el cual la actividad estuvo totalmente paralizada.
Y a partir de esa fecha, reducir proporcionalmente la RMGA respecto al volumen de pasajeros en cada aeropuerto hasta la recuperación del nivel de pasajeros del año 2019. Esta enmienda es la que ha sido refrendada este jueves en el Congreso de los Diputados.
En adelante, la renta fijada en los contratos quedará automáticamente reducida en proporción directa al menor volumen de pasajeros en el aeropuerto donde se ubique el local respecto al volumen de pasajeros que existió en ese mismo aeropuerto en 2019.
La modificación de contratos es igual para los grandes y pequeños operadores
La modificación de los contratos será igual para todos los operadores, sean grandes o pequeños y además tendrá carácter obligatorio para la empresa. La reducción será aplicable en 2020, así como en todos los años posteriores hasta que el volumen anual de pasajeros del aeropuerto sea igual al que existió en 2019. La empresa calcula que el tráfico total no se recuperará hasta 2026.
Por eso ha estimado que puede dejar de ingresar 1.500 millones de euros de los alquileres durante el periodo 2020-2025. Es decir, de media cada año unos 300 millones. En 2019, uno de los mejores años de Aena, los ingresos totales fueron de 4.503 millones de euros, de los cuales 1.252 millones de euros eran de los locales comerciales (un 28% del total). Lo que significa que durante estos años dejará de percibir un 6% del total de ingresos.
Fuentes cercanas a Aena consideran que la norma es “injusta” porque 2019 fue un año excepcional para el turismo español, por los aeropuertos españoles pasaron 275,2 millones de pasajeros y no se debería tomar de referencia. En 2018 fueron 263,8 millones y en 2017, menos de 250 millones.
“Solicitan no pagar la RMAG, que están pactados desde hace años, hasta volver a datos de 2019. Pero ese fue el año de mayor tráfico de la historia de Aena, debería tenerse en referencia una media de años anteriores”.
Al aprobarse la enmienda, las sentencias que ha ganado que Aena (según estas fuentes 2/3) ya no tienen efecto porque la norma tiene carácter retroactivo y cambia las reglas de juego. “La propuesta de los arrendatarios descompensa la situación”, añaden.
El presidente de AEOCA considera que “el pueblo ha hablado” y Aena debe asumir lo que ahora recoge una Ley. “No le ha apoyado ni Unidas Podemos, solo ha habido 16 noes” recuerda. Al respecto comenta que en los últimos días, sindicatos, empresarios y empleados han apoyado esta propuesta. Por lo que no deberían acudir al Constitucional ni a Bruselas.