ACS se juega el patrimonio tras el cierre de Castor

El anuncio de ACS de que su participada Escal UGS renuncia a la concesión pública de explotación del almacenamiento subterráneo de gas natural Castor, frente a las costas de Castellón, deja entrever que las reuniones mantenidas entre el presidente de ACS, Florentino Pérez, y el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, han surtido efecto. Seguramente, no el deseado por ninguna de las partes.

Ambos se sentaron a negociar hace mes y medio ante los informes de los expertos, que certificaban, como causa de los múltiples seísmos registrados, las inyecciones de gas realizadas. Y, con ello, la imposibilidad de reabrir el almacén.

Quita pendiente

A partir de aquí, no quedaba otra salida que la renuncia a la concesión por parte de Escal –participada en un 66% por ACS y en un 33% por la canadiense Dundee Energy– y la negociación de una indemnización a cobrar por la concesionaria, muy por debajo de los entre 1.400 y 1.600 millones de euros comprometidos en el proyecto, con una quita que queda pendiente de cuantificar, como también el mecanismo por el que Gobierno articule el pago.

Para que la renuncia sea efectiva, los socios de Escal deben recibir la autorización tanto del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y, eventualmente, de la asamblea de bonistas, titulares de los 1.400 millones de euros que, en julio de 2013, colocó Escal en la Bolsa de Luxemburgo para refinanciar la deuda que tenía con los bancos.

Escal, sin recursos

Curiosamente, el anuncio de la renuncia, remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por ACS, se realiza cinco días antes de que venza el primer pago de 21 millones de euros que se debe abonar a los bonistas en 2014. El otro, por igual importe, quedó fijado para el 31 de diciembre.

El año pasado, los bonistas cobraron los 33 millones pactados. Pero ahora no hay recursos con los que hacer frente al pago, ya que la cotización de los bonos se ha derrumbado ante la incertidumbre razonable que existe sobre la viabilidad del proyecto.

Riesgos de los bonistas

No obstante, los bonistas sabían de los riesgos. El folleto de la emisión ya advertía de la posible rescisión de la concesión. En este caso, los promotores del proyecto deberán recibir una indemnización, aunque podría no alcanzar el 100% de la inversión realizada, como finalmente va a suceder.

A cambio de correr esos riesgos, los bonistas se cubrieron las espaldas en caso de que Escal incurriera en impago, con garantías como créditos derivados de la concesión, la propia concesión del almacén, o incluso –y aquí es donde Florentino podría pillarse los dedos– créditos de ACS, hipotecas o bienes inmuebles de la propia constructora. Por eso, necesita el presidente de ACS contar con que el BEI y el resto de bonistas autoricen la renuncia a la concesión y acepten la quita, la que sea, dando por perdido un porcentaje importante de la inversión realizada.

30 noviembre, fecha clave

En este tira y afloja entre el Gobierno y Florentino Pérez, además de esa falta de liquidez para hacer frente a la amortización parcial de los bonos, había otra fecha marcada en rojo. La del 30 de noviembre de 2014. Si en esa fecha no estuviera operativo el almacén –como no lo iba a estar–, ACS se exponía a mil y una reclamaciones derivadas del compromiso contraído de repagar la deuda emitida. Algo que Florentino quería evitar a toda costa.

De cara a los accionistas de ACS, Florentino mantiene que Escal tiene derecho a devolver la concesión en cualquier momento, con derecho al cobro del valor neto contable, y, en consecuencia, considera que el valor de la inversión es totalmente recuperable.

Valor neto, valor residual

Justificación basada en una sentencia del Tribunal Supremo, del pasado octubre, que fallaba a su favor y en contra del Estado, que había reclamado que se declarase nula una cláusula de la concesión, según la cual ACS tenía derecho a compensación aunque concurriera negligencia.

Lo que quizá no conozcan los accionistas de la constructora es el asunto referente al alcance de la indemnización, y a la puesta en entredicho de cobrar ese neto contable si se demostrara negligencia por parte de la concesionaria.

En ese caso, solo percibiría Escal un valor residual no cuantificado y, a las malas, el Gobierno podría alegar que el valor residual es cero de no abrirse el almacén. No se atreverá. Y al final el alcance de la quita será el que determine ese valor residual indemnizatorio.