ACS y FCC pidieron a la CNMC una «sanción simbólica» en la multa al G7 por desconocer lo que hacían
Las constructoras de la trama del G7 han aportado toda clase de excusas para que reduzcan su multa
El presidente de ACS, Florentino Pérez. EFE/ Carlos Pérez
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una multa histórica a las principales constructoras españolas. La sanción, que supera los 200 millones de euros, no ha gustado en el seno de las compañías. Éstas han buscado la manera de aminorar el impacto, y algunas, como ACS y FCC, han argumentado que desconocían si lo que estaban haciendo era totalmente legítimo.
Así lo recoge el regulador de los mercados en su informe sobre la sanción, en el que explica minuciosamente cómo había operador la trama del G7 (Acciona, ACS, FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr), y en el que también explica cómo han sido algunas de las alegaciones que han puesto las empresas para intentar reducir el impacto económico de la misma.
En concreto, según expone la CNMC, Dragados (ACS) y FCC alegaban que la falta de precedentes debería tenerse en cuenta para imponer una sanción simbólica o reducida. FCC señala, además, que la falta de precedentes habría impedido a las empresas valorar la gravedad de su conducta.
Cabe recordar que entre esas prácticas se encontraba, según explica la CNMC, «la compartición del encargo de ciertos trabajos y la supervisión de su desarrollo, sino que además se autoimponen la obligación de informarse puntualmente en el caso de que decidan realizar cualquier modificación técnica que planteen proponer a la Administración».
Pero van más allá. Como viene contando ECONOMÍA DIGITAL, el denominado G7 (Acciona, ACS, FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr) tenía un código de normas propias para la relación entre ellos, de puertas para afuera, y también con la Administración. De esta manera, tal y como detalla la CNMC, las constructoras se comprometían a transmitirse mutuamente cualquier información que posean respecto del proceso competitivo; y, sobre todo, por la relación que alguna de las empresas pudiera tener con la Administración.
En la investigación del regulador español existen detalles que denotan esa capacidad que tenían Acciona, ACS, FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr de poder acceder a cierta información. Según consta en una nota que fue recabada en el curso de las indagaciones, expresaban textualmente: «Me queda la sensación de que se trata de una excusa para echarnos. Nos deberíamos haber enterado antes, si es que tenemos contactos reales con la Administración».
En este caso, incluso, se denota esa sensación de control previo gracias al conocimiento y la información que se tiene con la continuada relación con los gobiernos regionales, locales y nacional.
No hay excusa posible
Sobre la sanción, desde la CNMC argumentan que se han tenido en cuenta lo previsto en las normativas regulatorias a la hora de llevar a cabo la multa. Esto, además, ha sido muy importante porque otras constructoras han alegado otras circunstancias.
Pero el regulador lo ha dejado muy claro, y sentencia que se ha acreditado en el expediente la existencia de precedentes que impedirían asumir una falta de conciencia suficiente de antijuridicidad por parte de las empresas.
