De Acciona a Sacyr: las constructoras de la trama del G7 utilizaban su relación con el Gobierno para obtener información

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha destapado el tarro de las esencias con la sanción que ha impuesto a las principales constructoras de este país por más de 200 M€. El motivo de la multa es la presunta alteración de contratos públicos mediante el cual se reducían costes y obtenían beneficio de ello. En el informe realizado por el regulador se menciona la relación del denominado «grupo» con la Administración. En este caso, se valían del buen contacto para obtener cierta información. 

En concreto, según explica la CNMC «las empresas no solo comparten el encargo de ciertos trabajos y la supervisión de su desarrollo, sino que además se autoimponen la obligación de informarse puntualmente en el caso de que decidan realizar cualquier modificación técnica que planteen proponer a la Administración«. 

Pero van más allá. Como viene contando Economía Digital, el denominado G7 (Acciona, ACS, FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr) tenía un código de normas propias para la relación entre ellos, de puertas para afuera, y también con la Administración. De esta manera, tal y como detalla la CNMC, las constructoras se comprometían a transmitirse mutuamente cualquier información que posean respecto del proceso competitivo; y, sobre todo, por la relación que alguna de las empresas pudiera tener con la Administración. 

En la investigación del regulador español existen detalles que denotan esa capacidad que tenían Acciona, ACS, FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr de poder acceder a cierta información. Según consta en una nota que fue recabada en el curso de las indagaciones, expresaban textualmente: «Me queda la sensación de que se trata de una excusa para echarnos. Nos deberíamos haber enterado antes, si es que tenemos contactos reales con la Administración«. 

En este caso, incluso, se denota esa sensación de control previo gracias al conocimiento y la información que se tiene con la continuada relación con los gobiernos regionales, locales y nacional. 

Las obligaciones del G7 

Los detalles que ofrece la CNMC en su informe revelan, además, que las empresas del G7 tenían esas obligaciones propias del «grupo» a la hora de gestionar su relación con la Administración. Según la investigación, en uno de los apartados de las normas de funcionamiento del G7 consta la obligación de los miembros de trasladarse cualquier información que recabasen de la Administración que pudiera suponer planteamientos contrarios a los trabajos encargados de manera conjunta. 

 Asimismo, cada empresa tenía derecho a reunirse con la Administración con entera libertad debiendo, no obstante, comunicar al «grupo» cualquier información relativa a los trabajos del G7, que pueda suponer planteamientos contrarios a los considerados en los mismos. 

Y en el caso de que Acciona, ACS, FCC, Ferrovial, OHL o Sacyr tuvieran un encuentro público, las normas obligaban al consultor a acudir a las reuniones con la Administración acompañando al coordinador designado en cada trabajo (uno de los miembros del «grupo»). A dichas reuniones podían acudir empresas que no formaban parte del G7. 

Una perfecta organización 

El grado de organización del grupo se demuestra, por ejemplo, en las actuaciones conjuntas para la presentación de los proyectos. Según detallan en el informe de la CNMC, las normas generales para la presentación de ofertas y para la redacción de trabajos para el G7 preveían, en relación con el CD que el consultor debía entregar a las empresas del “grupo” como parte del trabajo encargado, que «si el CD se debe entregar a la Administración se utilizará obligatoriamente una carátula pegada al CD y una portada en el estuche con el título completo de la obra y con todos los datos identificativos del Proyecto (Administración, Consultor, Autor del Proyecto, Licitador, etc.)».