Acciona, ACS, FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr ahorraban el 77% de los costes gracias a la trama destapada por la CNMC

Algunas de las constructoras que formaban el G7 para contratar conjuntamente trabajos de cara a optar a concursos públicos alegan que la multa de 203,6 millones de la CNMC por prácticas contrarias a la libre competencia no ha lugar porque no alteraba el resultado de las adjudicaciones. Sin embargo, la información recopilada por Competencia prueba que se beneficiaban con un ahorro del 77% y, además, tenían más éxito cuando usaban los servicios del G7. 

Acciona, ACS, FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr se reunieron semanalmente durante 25 años para analizar los concursos de obra pública e infraestructuras a los que se podían presentar y encargar a terceros la realización de los informes técnicos, medioambientales y de otras índoles que había que presentar al licitador, que eran administraciones y empresas públicas. 

Gracias a contratar de forma conjunta estos trabajos, las constructoras obtuvieron ahorros de entre el 73,9% y el 77,8%, según la información encontrada por la CNMC entre la documentación de Ferrovial. La tabla corresponde a 2016, el penúltimo año en el que la trama estuvo activa: 

Aunque la calidad de la imagen no es óptima (así la incluye la CNMC en su resolución de sanción), puede observarse como hace seis años, Acciona, ACS, FCC, Ferrovial, OHL, Sacyr y la séptima constructora, no identificada, encargaron 405 trabajos para optar a 187 obras. En total, pagaron 721.000 euros por dichos encargos, por lo que de media, pagaron algo más de 100.000 euros cada una. 

La que más ahorró fue FCC. La empresa de Carlos Slim y las Koplowitz participó en la contratación de 87 informes que, de haber actuado en solitario, le habrían costado 188.500 euros, pero pagó menos de 42.000, un 77,8% menos. La que más rédito sacó al acuerdo fue Dragados. La filial de la ACS de Florentino Pérez se benefició de 308 trabajos que costaron 543.000 euros, pero solo desembolsó 150.000, por lo que ahorró un 72,4%.  

La parte derecha de la tabla refleja el éxito de los concursos a los que se presentaban. A final de año solo se habían adjudicado 100, de las que el G7 logró 20. Acciona, Dragados y Ferrovial lograron 5 cada una. También incluye el porcentaje de éxito de cada una de las compañías en función de si habían realizado trabajos conjuntos o no, y excepto Sacyr, el resto de empresas tuvieron mejores resultados contratando conjuntamente los informes. Por tanto, no solo les salía más barato sino que también lograron más adjudicaciones. 

Otra tabla encontrada por el organismo que preside Cani Fernández en su investigación en concreto a Acciona, refleja un éxito del 60%. Se trata de diez adjudicaciones de la Dirección General de Carreteras (DGC), dependiente del Ministerio de Fomento, en 2015. Las empresas del G7 se llevaron seis, con la cotizada de los Entrecanales a la cabeza, con dos. Esas seis adjudicaciones representaban el 84% del presupuesto total de la DGC para dichas obras. 

Obras por valor de 54.000 millones 

Según la CNMC, Acciona, Dragados (ACS), FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr, entre 2002 y 2016 encargaron al menos 11.632 trabajos, de acuerdo con los datos de Sacyr, la empresa que más recopila. Estos trabajos se hicieron para optar, según Acciona, a 3.250 licitaciones públicas entre 2008 y 2016, dato que es algo más bajo según la documentación de FCC (2.956), si bien abarca un año menos, hasta 2015. 

Las más de 3.200 licitaciones públicas a las que se presentaron las empresas del G7 de forma concertada les sirvieron para optar a la friolera de 52.568 millones entre 2008 y 2015, según los archivos de FCC. Los de Acciona lo reducen a 45.714 si bien se mueve un año, entre 2009 y 2016. Con este dato, así como con el de contratos y trabajos, la cifra total se desconoce pero puede ser mayor porque no todas las empresas optaban siempre a todos los contratos, pero la CNMC no tiene un total fiable. 

El organismo que preside Cani Fernández impuso la multa de 203,6 millones a las seis constructoras al considerar sus prácticas “una infracción muy grave de la Ley de Defensa de la Competencia y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”, pues “han sido especialmente dañinas para la sociedad, ya que afectaron a miles de concursos convocados por administraciones públicas españolas para la construcción y edificación de infraestructuras como hospitales, puertos y aeropuertos, carreteras, etc”. 

La multa se reparte de esta forma: Dragados, filial de la ACS de Florentino Pérez, tendrá que pagar 57,1 millones; FCC Construcción, de Carlos Slim y las Koplowitz, 40,4 millones; Ferrovial Construcción, controlada por Rafael del Pino, 38,5 millones; Acciona Construcción, de los Entrecanales, 29,4 millones; OHL, que los Villar Mir vendieron a los amodio, 21,5 millones, y Sacyr, presidida por Manuel Manrique, 16,7 millones de euros. 

Seopan, patronal de las constructoras y contratistas, ha criticado «la falta de rigor de la CNMC, por cuanto prescinde de los necesarios elementos de prueba, basándose en meras apreciaciones subjetivas, opiniones o sospechas, que vulneran el derecho de las empresas a la presunción de inocencia, incurre en error al valorar equivocadamente las conductas investigadas como prácticas colusorias y vulnera el principio de proporcionalidad al imponer unas sanciones manifiestamente desproporcionadas”.