Acciona, ACS, FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr han recibido multas de la CNMC por valor de 337 M€ en la última década
Las principales constructoras españolas acumulan un importante reguero de multas en los últimos años; principalmente ACS
El presidente de ACS, Florentino Pérez. EFE/ Carlos Pérez
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una multa millonaria a las principales empresas constructoras españolas (ACS, FCC, Ferrovial, Acciona, OHL y Sacyr) por, presuntamente, alterar contratos públicos y licitaciones desde 1992. La sanción, que se eleva hasta los 205 M€, supone una más entre las que han recibido estas compañías a lo largo de la última década por distintas circunstancias.
El primer gran susto para algunas de estas compañías llegó en 2015; en concreto, cuatro de las que componen el denominado G7, se vieron envueltas en una sanción que llegaba hasta los 98 millones de euros –69 M€ para el G7-. El regulador multó a Urbaser (ACS); FCC; Valoriza (Sacyr); y Cespa (Ferrovial), así como a otras 35 empresas y a las asociaciones Aselip, Aceser y Arema con un total de 98 millones por repartirse el mercado de gestión de residuos y saneamiento urbano.
Del total de la sanción -una de las mayores que ha impuesto el organismo en su historia- la mayor parte, 23 millones, correspondieron a ACS a través de sus filiales Urbaser y Sertego; seguida del grupo FCC, con 16 millones; Valoriza (Sacyr) con 15 millones; Cespa (Ferrovial) con 13 millones o el grupo Saica con 5,3 millones. Todas ellas concentraban el 75% de la sanción total. No obstante, esa sanción quedó desbarata en los recursos ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.
La siguiente gran sanción por valor de 118 millones (29 M€ para el G7) llegó en 2019 -y pilló de por medio a tres empresas del también denominado «grupo»-. La CNMC sancionó a 15 empresas, entre ellas filiales de algunas de las constructoras españolas más importantes, por formar varios cárteles para repartirse concursos públicos de infraestructura ferroviaria de Adif por valor de más de 1.000 millones de euros durante 14 años.
Entre todas debían hacer frente a una multa de 118 millones de euros, que se reparten entre Elecnor, Siemens, Indra, Isolux, Inabensa (Abengoa), Alstom, Telice, Comsa, Neopul (Sacyr), Eym (OHL), Citracc y las filiales de ACS Cobra, Semi, Cymi y Electren. Además, los 14 directivos responsables han sido sancionados con 666.000 euros.
Y las multas siguieron
Esta situación se volvió a repetir en 2021. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sancionó con un total de 61 millones (35 M€ para el G7) de euros a 12 empresas, entre las que se encuentran filiales de Acciona, ACS, OHL, Ferrovial, FCC, Elecnor y Sacyr, por una infracción constitutiva de cártel consistente en la alteración de las licitaciones de servicios de conservación y explotación de carreteras convocadas por el Ministerio de Fomento desde 2014 a 2018.
Competencia explicó en su momento que se trata de una infracción muy grave prohibida por el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y el 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y ha sancionado además a estas empresas con la prohibición de contratar con las administraciones públicas.
La sanción más abultada correspondió a API (ACS), con 11 millones de euros. La filial de FCC, Matinsa, fue multada con 8,5 millones; mientras que Ferroser (Ferrovial) fue sancionada con 5,7 millones de euros. La multa a la filial de Sacyr alcanzó los 5,17 millones; mientras que Elsan (OHL) fue sancionada con 3 millones de euros; Acciona Mantenimiento con 2,33 millones, y Audeca (Elecnor), con 2,6 millones.
Y llegamos a este verano
Por último, llega el gran zambombazo del G7. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto multas a las seis principales constructoras españolas por haber alterado durante 25 años miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras, lo que considera una «infracción muy grave». El valor del conjunto de sanciones asciende hasta los 203 millones de euros.
La sanción con el importe económico más elevado ha sido para la empresa Dragados, filial de ACS, cuya multa se eleva a 57 millones de euros. Le sigue FCC Construcción, con 40 millones de euros; Ferrovial Construcción, con 38 millones de euros; Acciona Construcción, con 29 millones de euros; OHL, con 21 millones de euros, y Sacyr, con 16 millones de euros.
La CNMC ha destacado que los efectos de estas prácticas han sido «especialmente dañinos para la sociedad», puesto que afectaron a miles de concursos convocados por las Administraciones Públicas españolas para la construcción y edificación de infraestructuras como hospitales, puertos, aeropuertos o carreteras.
