Abogados de desahucios del Banco Pastor entran en conflicto con el Popular

Un grupo de abogados, notarios y procuradores que desahucian a los clientes que no hacen frente a las hipotecas de Banco Popular sufren importantes retrasos en los pagos de sus facturas.  

Los despachos de abogados, procuradores, gestorías y notarios que han sido heredados desde el Banco Pastor acumulan facturas sin pagar desde el 2012. Algunos de los despachos ha asegurado a este diario que los trabajos con retrasos de pago, superan, en algunos casos, los 50.000 euros.  

La entidad ha reconocido «discrepancias» con las facturas de algunos despachos, pero asegura que su política del Popular es pagar puntualmente a sus proveedores. Los trabajadores de la entidad han desvelado a este diario el origen del conflicto: el Banco Pastor solía pagar en mejores condiciones que el Popular. Y desde la fusión, la entidad absorbente ha decidido uniformizar los criterios de pago.  

El conflicto llega a los tribunales  

El conflicto en los pagos ha llevado a algunos despachos a «jurar la cuenta», es decir, a activar un proceso jurídico con el que un letrado denuncia el impago por parte de su propio cliente.  

Algunos afectados aseguran que la entidad no explica los motivos de los impagos. «Tengo una deuda de 60.000 euros. Algunas facturas son de 2012, otras de 2013 y 2014, pero tengo todo el 2015 sin cobrar. Algunas las pagan, otras no. No hay ningún tipo de criterio y no me han dado ninguna respuesta», explica J.P., un abogado que ha pedido mantener su nombre en el anonimato.  

Siguen cobrando por las nuevas hipotecas  

Trabajadores de la entidad explican que los procesos con los equipos legales externos suelen tener un retraso de un par de meses de gestión, pero aseguran que no suelen retrasarse más de este plazo, salvo en el caso de los profesionales que han trabajado con Banco Pastor.  

«Nos deben todos los procesos que tienen que ver con desahucios. La firma de nuevas hipotecas cobramos siempre y de forma puntual. La diferencia es que los costes del desahucio los tiene que asumir el banco y los costes de la formalización de la hipoteca los paga el nuevo cliente», explica un letrado de Madrid que asegura tener una deuda cercana a los 100.000 euros.  

Desde el momento en que un cliente deja de pagar la hipoteca hasta que el piso se subasta, hay varios grupos de despachos y profesionales que intervienen en el proceso. Pero los afectados aseguran que hay otros profesionales externos, ajenos a los servicios legales, que también han sufrido retrasos.   Los afectados se quejan, además, de que al facturar sus servicios, están obligados a adelantar el IVA, lo que supone un perjuicio mayúsculo.  

Comunicación por e-mail  

Los proveedores afectados estiman que el conflicto afecta a decenas de despachos y profesionales. Buena parte de los abogados, notarios y procuradores aseguran desconocer el motivo del impago. Han trasladado sus quejas a la entidad y son dirigidos al departamento de Compras, al que sólo pueden enviar –explican– una comunicación por correo electrónico.  

«Hay despachos con más de 200 facturas pendientes. El problema es que los responsables de asesoría jurídica trasladan el problema al departamento de Compras. Allí no puedes llamar a nadie. Sólo tienes que esperar», explica un procurador que tiene al Banco Popular entre sus clientes.