Abertis ya calcula una indemnización superior a los 4.000 millones por el fin de los peajes
La compañía tiene abierto un conflicto con el Gobierno por las compensaciones a percibir debido a que las autopistas nunca alcanzaron el tráfico previsto en la concesión
Peaje de Martorell, gestionado por Abertis, desaparecido en septiembre. EFE
El fin de los peajes reabrió el conflicto entre Abertis y el Gobierno por la indemnización en las concesiones. Con las barreras ya levantadas en la autopista AP-7, la compañía española y el Ejecutivo ya afilan los cuchillos sobra la compensación a percibir al no cumplirse las expectativas de tráfico previstas. La administración cree que el impacto en sus cuentas será de 1.291 millones, pero en la empresa ya se habla de un pago que debería superar los 4.000 millones de euros.
La concesión finalizó el pasado 31 de agosto, por lo que ambos actores deben ahora sí fijar la cantidad por el fin de contrato. En el Plan de Estabilidad enviado a la Comisión Europea el pasado mayo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez estimaba que la reversión de la AP-7 supondrá un impacto de 1.291 millones de euros a las cuentas.
Sin embargo, las fuentes consultadas por Economía Digital señalan que en Abertis se calcula una indemnización muy superior. A 31 de diciembre de 2020, aseguraban que la indemnización a percibir ya debía ser de 3.825 millones de euros. Ocho meses después, en las oficinas de la compañía ya trabajan para actualizar la cifra final que, beneficiada por la recuperación del tráfico, superará con facilidad los 4.000 millones.
En la cúpula de la firma confían en terminar las estimaciones este mismo mes de septiembre para trasladarla en las próxima semanas al Gobierno. A partir de entonces, lo más probable es que se abran negociaciones para determinar la cuantía final de la compensación.
El pago, judicializado desde 2011 por Ana Pastor, entonces ministra de Fomento, se realiza en concepto de las obras realizadas en las vías y no por la caída del tráfico frente a la previsión realizada en 2006, antes de la crisis financiera y el golpe del coronavirus.
El Gobierno considera que los cálculos por el descenso del uso son abusivos –ya pensaba lo mismo la administración de Mariano Rajoy— por lo que no incluye el total de la remuneración en el texto enviado a Bruselas la pasada primavera.
Evidentemente, la opinión de Abertis no va por los mismos derroteros. Según las cuentas del año pasado, a 31 de diciembre la cuota que, a su juicio, debían percibir del Estado por la AP-7 era de 3.825 millones de euros. La firma propiedad de ACS y Atlantia defendía que 1.290 millones obedecían al pago de las obras y ampliaciones realizadas y otros 2.815 millones respondían a la rebaja del tráfico sufrida.
Con 2.700 millones de diferencia de partida, se abren dos escenarios: recurrir a la justicia europea una vez se agotaron los recursos en el Tribunal Supremo –que declinó decantarse y pidió un acuerdo entre las partes– o sentarse a negociar. Aunque el negocio concesionario es cada vez menor en España, las mismas voces señalan que no se descarta abrir conversaciones. Será en el futuro, pues todavía no existe una comunicación oficial de que no se vaya a ejercer el pago.
El pacto firmado en 2006 es el origen
El Gobierno considera que la caída sufrida por la crisis financiera es un riesgo al que se enfrentó Abertis, pero que no tiene por qué ser cubierto por el Estado.
El pacto firmado hace quince años con Magdalena Álvarez, la por aquel entonces ministra de Fomento, derivó en un pleito en los tribunales con los sucesivos gobiernos para que cumplieran con el contrato establecido. La cláusula sobre el descenso del tráfico, incluida también en otros convenios parecidos fue la causa del conflicto.
En concreto, tuvo problemas con Íñigo de la Serna, ministro de Fomento del PP, que al no estar de acuerdo con las compensaciones determinó que solo se resarciría a la concesionaria por la diferencia de tráfico esperada, pero no por la caída de negocio que experimentó con la crisis de 2008, según ha recordado el citado diario.
