Abertis se queda Tabasa y Túnel del Cadí
La Generalitat y la concesionaria ultiman un acuerdo que permitirá ingresar unos 430 millones de euros a las arcas catalanas
Los túneles de Vallvidrera (explotados por la compañía pública Tabasa) y el del Cadí tendrán nuevo gestor a finales de este miércoles. La Generalitat ultima un acuerdo con la única compañía que había mostrado su interés por quedarse con la explotación de ambas infraestructuras, Abertis. El pacto se firmará a lo largo de esta jornada, tal y como confirman fuentes empresariales a Economía Digital.
Será la segunda gran privatización de empresas públicas que se consigue en este ejercicio, tras la polémica adjudicación de Aigües Ter Llobregat (ATLL) a un consorcio liderado por Acciona. Esta vez, el Govern de Artur Mas se podrá restar 430 millones de euros de deuda ordinaria de la Generalitat. Aunque la inyección de efectivo será menor, ya que la multinacional de infraestructuras se ha mostrado reacia desde el primer momento en el que se sentó a negociar con el Ejecutivo catalán a abonar la mitad de la concesión en el momento de firmar el acuerdo, tal y como pretendía inicialmente el departamento de Economia i Coneixement, liderado por Andreu Mas-Colell,
Con todo, la concesión de los túneles será básica para cuadrar las cuentas públicas catalanas. Sin ella, el desvío presupuestario que ya ha reconocido Mas sería mayor.
Abertis y BTG Pactual
Para hacerse con la gestión de la puerta de entrada a Barcelona desde Sant Cugat del Vallès y a la comarca de La Cerdanya (Girona) por la sierra del Cadí, emplazamiento de muchas segundas residencias, Abertis puja de la mano del banco de inversor brasileño BTG Pactual.
Una entidad que se ha apostado fuerte en la privatización de empresas de la Generalitat. También se alió con Acciona y un grupo de minoritarios para hacerse con el control de ATLL.
Segundo día de huelga
La firma del pacto coincide con el segundo día de huelga de la plantilla de Tabasa y túnel del Cadí. A lo largo de toda la jornada, operación salida del puente de la Constitución, los empleados de los peajes reivindican sus derechos laborales en la privatización del grupo.
