Abertis reclamará 2.800 millones más al Gobierno por la AP-7, pero se abre a negociar
El Estado solo quiere indemnizar con 1.291 millones de euros a la concesionaria. Elimina el pago de la caída del tráfico provocada por la crisis financiera y la del coronavirus
Peaje en la AP-7 en Barcelona dirección a Francia, gestionada por Abertis / EFE
A apenas tres meses para el adió de la concesión de la autopista AP-7, Gobierno y Abertis afilan los cuchillos ante el conflicto que supondrá el pago de la indemnización del fin del contrato. El Estado pretende fijar un pago de 1.291 millones de euros, la mitad de lo que la compañía calcula que debería percibir. Ante la diferencia, la organización está dispuesta a negociar.
En el Plan de Estabilidad enviado a la Comisión Europea, el Ejecutivo de Pedro Sánchez admite que la reversión de la AP-7 supondrá un impacto de 1.291 millones de euros a las cuentas. El pago, judicializado desde 2011 por Ana Pastor, entonces ministra de Fomento, se realiza en concepto de las obras realizadas en las vías y no por la caída del tráfico frente a la previsión realizada en 2006, antes de la crisis financiera y el golpe del coronavirus.
El Gobierno considera que los cálculos por el descenso del uso son abusivos –ya pensaba lo mismo la administración de Mariano Rajoy—por lo que no incluye su remuneración en el texto enviado a Bruselas.
Evidentemente, la opinión de Abertis no va por los mismos derroteros. Según las cuentas del año pasado, a 31 de diciembre la cuota que, a su juicio, debían percibir del Estado por la AP-7 era de 3.825 millones de euros. La firma propiedad de ACS y Atlantia defendía que 1.290 millones obedecían al pago de las obras y ampliaciones realizadas y otros 2.815 millones respondían a la rebaja del tráfico sufrida.
Fuentes del sector contactadas por Economía Digital aseguran que por el impacto del coronavirus y las restricciones de movilidad, la factura podría alcanzar los 4.000 millones de euros en los ocho meses que todavía faltan por calcular.
Con 2.700 millones de diferencia de partida, se abren dos escenarios: recurrir a la justicia europea una vez se agotaron los recursos en el Tribunal Supremo –que declinó decantarse y pidió un acuerdo entre las partes– o sentarse a negociar. Aunque el negocio concesionario es cada vez menor en España, las mismas voces señalan que no se descarta abrir conversaciones. Será en el futuro, pues todavía no existe una comunicación oficial de que no se vaya a ejercer el pago.
El pacto firmado en 2006 es el origen
El Gobierno considera que la caída sufrida por la crisis financiera es un riesgo al que se enfrentó Abertis, pero que no tiene por qué ser cubierto por el Estado.
El pacto firmado hace quince años con Magdalena Álvarez, la por aquel entonces ministra de Fomento, derivó en un pleito en los tribunales con los sucesivos gobiernos para que cumplieran con el contrato establecido. La cláusula sobre el descenso del tráfico, incluida también en otros convenios parecidos fue la causa del conflicto.
En concreto, tuvo problemas con Íñigo de la Serna, ministro de Fomento del PP, que al no estar de acuerdo con las compensaciones determinó que solo se resarciría a la concesionaria por la diferencia de tráfico esperada, pero no por la caída de negocio que experimentó con la crisis de 2008, según ha recordado el citado diario.
