Abertis recibirá 1.290M del Gobierno como indemnización por la ampliación de la AP-7

Pedro Sánchez decidió no renovar la concesión de Abertis de tres tramos de la AP-7 (Barcelona-La Junquera, El Papiol-Montmeló y Barcelona-Tarragona) a partir del próximo 31 de agosto, que es cuando vence el contrato. Su idea es que estas vías pasen a ser gratuitas, pero cuando eso pase, el Estado tendrá que rascarse el bolsillo.

El Estado tendrá que indemnizar a la compañía encargada del mantenimiento de las autopistas con al menos 1.291 millones de euros por las obras de ampliación, según queda establecido en el Plan de Estabilidad que el Ejecutivo que el Ejecutivo ha mandado a Bruselas, al que ha tenido acceso El País. Así quedó reflejado en un convenio firmado en 2006 entre la empresa y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

En él quedó establecido que la firma presidida por Marcelino Fernández, que pertenece al Grupo ACS y la italiana Atlantia, ampliaba las vías y las mejoraba en la autopista del Mediterráneo confiando en que aumentaría el tráfico e incluso aplicó descuentos a los peajes.

No obstante, en el caso de que el tráfico no subiera, se introdujo una cláusula por la que en Gobierno debería compensaría a la empresa al finalizar la concesión. Y así ha ocurrido. Hacienda tendrá que pagar a la concesionaria y provocará un aumento del déficit público en 2021.

Aquel pacto firmado hace quince años con Magdalena Álvarez, la por aquel entonces ministra de Fomento, derivó en un pleito en los tribunales con los sucesivos gobiernos para que cumplieran con el contrato establecido. Y en concreto, tuvo problemas con Íñigo de la Serna, ministro de Fomento del PP, que al no estar de acuerdo con las compensaciones determinó que solo se resarciría a la concesionaria por la diferencia de tráfico esperada, pero no por la caída de negocio que experimentó con la crisis de 2008, según ha recordado el citado diario.

Abertis reclama 3.000M

Tras el paso por los tribunales, el Ministerio de Transportes que dirige José Luis Ábalos asegura que una sentencia del Tribunal Supremo de 2019 desestimó un recurso de la compañía, validando así la interpretación que hizo De la Serna en 2017. Por lo tanto, se ha mostrado dispuesto a pagar 1.291 millones frente a los 3.000 millones que le reclama la compañía concesionaria: 890 millones por las compensaciones e inversiones realizadas en la ampliación y mejora de la autopista y 2.061 millones por la indemnización que tiene su origen en el descenso del tráfico.

El Gobierno considera que la caída sufrida por la crisis financiera es un riesgo al que se enfrentó Abertis, pero que no tiene por qué ser cubierto por el Estado. Sin embargo, la firma interpreta que el Alto Tribunal no se pronunciará al respecto hasta el próximo 31 de agosto, que es cuando se producirá la liquidación definitiva, y espera un desembolso mucho mayor.

Y es que este importe todavía puede incrementarse con la compensación de 2020 y 2021, años en los que el tráfico en las autopistas se ha hundido por las restricciones de movilidad impuestas ante la pandemia de coronavirus.