Abertis recibirá 1.070 millones de euros por el fin de los peajes de la AP-7
Esta cantidad contrasta con los 4.o00 millones de euros que la concesionaria de la autopista reclama al Gobierno como consecuencia de las inversiones realizadas y los descuentos en los peajes
Aspecto del peaje de La Roca del Vallés una vez levantadas las barreras de cobro al finalizar las concesiones de la AP-7 y la AP-2. Foto de Archivo
El Gobierno de Pedro Sánchez, tras meses de tira y afloja con Abertis, ha anunciado que pagará finalmente 1.070 millones de euros por el fin de los peajes de la AP-7, tras haber sido aprobado este viernes por el Consejo de Ministros extraordinario, quedando eliminada la indemnización por el descenso del tráfico derivado de la crisis financiera a la que el Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió en 2006.
El fin de las concesiones –entre las que sobresalen las autopistas AP-7 y AP-2 —se produjo el pasado 31 de agosto con el ya icónico levantamiento de las barreras de los peajes en varias vías catalana. Desde entonces, Abertis se puso manos a la obra para calcular la compensación que les tocaba ya que las carreteras jamás alcanzaron los volúmenes de tráficos estimados en el momento de la licitación.
De los 1.069,9 millones de euros que recibirá la firma, el Ejecutivo ha detallado que 505,5 millones de euros corresponden a la inversión ejecutada, 143,5 millones de euros corresponden al efecto impositivo, y el resto a la capitalización del saldo de compensación.
De esta manera, el Ejecutivo recoge solo el saldo por las inversiones realizadas y no la compensación por el descenso del tráfico -ya pensaba lo mismo la administración de Mariano Rajoy—por lo que no incluyó su remuneración en el texto enviado a Bruselas, defendiendo que el descenso de la actividad era un riesgo al que se enfrentó la empresa al firmar la concesión y no tiene que ser cubierto por el Estado.
Evidentemente, la opinión de Abertis no iba por los mismos derroteros. Según las cuentas del año 2020, a 31 de diciembre la cuota que, a su juicio, debían percibir del Estado por la AP-7 era de 3.825 millones de euros. La firma propiedad de ACS y Atlantia defendía que 1.290 millones obedecían al pago de las obras y ampliaciones realizadas y otros 2.815 millones respondían a la rebaja del tráfico sufrida.
No obstante, en dicho Plan de Estabilidad enviado a la Comisión Europea en el pasado mes de mayo, el Gobierno de Pedro Sánchez admitió que la reversión de la AP-7 supondría un impacto de 1.291 millones de euros a las cuentas, a pesar que la concesionaria de la autopista Acesa, de Abertis, pedía alrededor de 4.000 millones de euros. De hecho, Acesa interpuso un recurso contra esta resolución para anular este acuerdo del Gobierno, sin embargo, el Tribunal Supremo lo desestimó en junio de 2019, una decisión con distinta interpretación para las dos partes.
