Abertis estudia recurrir la indemnización del Gobierno por el fin de las concesiones
El Ministerio de Transportes solo acepta pagar 1.070 millones de euros frente a los más de 5.000 millones que le exigía la compañía
Peaje de la AP-7 cerca de la frontera entre España y Francia. EFE
El Gobierno aprobó este viernes el pago de 1.070 millones con el que, considera, debe indemnizar a Abertis por el fin de las concesiones. Como era de esperar, la cantidad está a años luz de los 5.381,6 millones que reclamó la concesionaria participada por Florentino Pérez, que reclama una compensación adicional por unas expectativas de tráfico que nunca se cumplieron. Se abre ahora un nuevo escenario para la compañía: sentarse con el Ejecutivo para recalcular la reparación o abrir la vía judicial.
Fuentes de Abertis explicaron a Economía Digital que tras conocer la resolución del consejo de ministros «estudian los pasos a seguir» a partir de ahora. No concretan ni la dirección ni los plazos, pero si que ninguna opción está descartada. Con una diferencia de 4.000 entre lo recibido y lo reclamado, en el seno de la organización que preside José Aljaro no se quiere descartar ningún escenario.
La concesionaria participada por envió en septiembre la indemnización que reclama al Estado por el fin del contrato de gestión de algunas de las principales autopistas del país. Era de esperar que existiese conflicto después de que la administración de Mariano Rajoy revisase el acuerdo en 2017. La empresa reclama 5.381,6 millones de euros por las obras realizadas y un tráfico menor de lo esperado en la AP-7 y la AP-2. Sin embargo, la administración no contempla compensar el desplome del uso de las carreteras desde la crisis económica.
Desde el Ministerio de Transportes señalaron que la empresa participada por Atlantia y ACS envió «una propuesta de liquidación del saldo del compensación por importe de 5.381,60 millones de euros». La cifra es muy superior a la que había hecho pública Abertis desde hace meses, que habló siempre de 4.000 millones.
Sin embargo, el departamento dirigido por Raquel Sánchez se encargó de elaborar un contrainforme para extraer su propio cálculo del saldo que no ascendió a la cifra que reclaman debido a que no tendrá en cuenta la caída del tráfico desde la crisis económica de 2008, tal y como aprobó el Consejo de Ministros de 2017. Tras meses de trabajo, lo dio a conocer este viernes.
El Gobierno apuró los seis meses con los que contaba de plazo para dar respuesta a Abertis
Así, el documento del ministerio considera que el pago debe ser solamente de 1.070 millones: 505,5 millones de euros corresponden a la inversión ejecutada, 143,5 millones de euros son debidos al efecto impositivo, y el resto a la capitalización del saldo de compensación. El Ejecutivo apuró los plazos legales con los que contaba y esperó hasta seis meses para dar respuesta a la concesionaria. Siempre según los acuerdos aprobados hace un lustro.
Los 5.381,60 millones de euros que Abertis exige al Estado son incluso superiores a los 4.000 millones de los que habló Atlantia en la presentación de sus cuentas trimestrales. En los documentos presentabas, la firma italiana hablaba de una reclamación de una indemnización de 1.054 millones por las obras acometidas durante la duración de la concesión a los que sumar «aproximadamente 3.000 millones» por la caída del tráfico.
Una década de conflicto entre Abertis y los gobiernos
En 2006, cuando se firmó el contrato, el entonces Gobierno socialista aceptó remunerar a la concesionaria si no se alcanzaban unos volúmenes de tráfico que jamás se obtuvieron por la crisis financiera de 2008. Ya en 2011, Ana Pastor (PP), entonces ministra de Fomento, judicializó el caso para evitar el pago.
Tras años de calma tensa, el Consejo de Ministros celebrado el 3 de julio de 2017 acordó reinterpretar el convenio, no abonándose la compensación derivada de la caída de tráfico por efecto de la crisis. Abertis interpuso varios recursos. Y de aquí surge la disparidad de opiniones sobre lo que dijo el Tribunal Supremo: la compañía asegura que no se pronunció y que dejó a las partes la responsabilidad de llegar a un pacto.
No obstante, desde el Ejecutivo siempre defendieron que el Alto Tribunal desestimó todos los recursos interpuestos por la organización. “Las demandas han sido desestimadas por lo que se aplica el Acuerdo de Interpretación aprobado por el Consejo de Ministros, no abonándose la compensación derivada de la caída de tráfico por efecto de la crisis”, explicaron en repetidas ocasiones desde el Ministerio.
Con más de 2.000 millones de diferencia de partida, se abren dos escenarios: recurrir a la justicia europea una vez se agotaron los recursos en el Tribunal Supremo o sentarse a negociar. Aunque el negocio concesionario es cada vez menor en España –por lo tanto cada vez hay menos compensaciones en especies–, fuentes inmersas en el procedimiento señalan que no se descarta abrir conversaciones.
