A los administradores concursales se les acaba el chollo

El chollo de los administradores concursales que cobraban unos 5.000 euros por gestionar la quiebra de una familia llega a su fin. La nueva ley de apoyo a los emprendedores, que presentó el presidente del gobierno, Mariano Rajoy (PP) la semana pasada, contempla la figura del acuerdo extrajudicial de pagos. La norma saca de los juzgados los procesos de suspensión de pagos para familias, autónomos y empresas de hasta cinco millones de euros en pasivo.

La ley, en trámite parlamentario de urgencia, amenaza al creciente negocio de las administraciones concursales, un proceso con el que las firmas de abogados o profesionales independientes cobran en función de los activos y pasivos de las empresas en suspensión de pagos.

Quebrar, demasiado caro

Los profesionales y compañías que no puedan hacer frente a sus compromisos podrán acudir a un mediador, la figura que sustituye a los administradores concursales. Aunque no se ha confirmado, los legisladores contemplan el pago de unas tasas que rondan entre los 100 y los 150 euros. La cantidad es muy inferior a lo que pagaría una empresa que se declarara en suspensión de pagos.

“Es una buena noticia porque muchas empresas no tenían los recursos para declararse en suspensión de pagos. Es un proceso muy largo y costoso. Ahora hay que esperar si la práctica cumple el espíritu de la ley”, explica la vicepresidenta ejecutiva de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, ATA, Celia Ferrero. “Hasta ahora, quebrar en España era muy caro, complicado y requería demasiado tiempo. A una empresa que tenía problemas, la terminaba de arruinar”, agrega.

Según los jueces de Barcelona, el 90% de las empresas que entran en concurso de acreedores acaban quebradas.

Juzgados liberados

Con la reforma de la ley concursal, en 2005, las familias que no podían hacer frente a sus compromisos, tenían la opción de declarar el concurso de acreedores. Pero además de hacer esfuerzos para atender la hipoteca y sus deudas, también tenían que destinar parte de sus ingresos o sus activos para pagar a los administradores concursales.

“Cobraban a estas familias entre 4.000 y 6.000 euros. Y prácticamente no hacían nada. La nueva ley entierra ese negocio”, explica el abogado y administrador concursal de pequeñas empresas, Carlos Guerrero.

Hasta ahora, el juez era la persona encargada de designar a un administrador concursal, pero con la nueva reforma un notario o un registrador tendrán la capacidad de nombrar al mediador.