Uno de cada tres coches no podrá circular por ciudades (si los ayuntamientos cumplen la ley)

Uno de cada tres coches no podrá circular por las ciudades de más de 50.000 habitantes por la normativa ambiental. O así sería si los ayuntamientos hubieran hecho los deberes. El 1 de enero entra en vigor el decreto del Gobierno por el cual las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) se tienen que implementar en todos los municipios con esta población, dejando inmóviles los vehículos más contaminantes, pero solo 20 de las 149 localidades han prestado sus planes para desarrollar y limitar la circulación.

El ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos no aprobó hasta este martes el real decreto que obliga a los municipios a restringir el tráfico de los vehículos contaminantes a partir del 1 de enero de 2023, según establece la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Aun así, las directrices de aplicación de las ZBE se conocían desde noviembre de 2021. En un inicio, el ministerio de Teresa Ribera ni contemplaba la aprobación de una normativa formal, pero la judicialización de estas limitaciones al tráfico en el área metropolitana de Barcelona ha llevado al Gobierno a buscar más seguridad jurídica.

Las poblaciones implicadas conocían la existencia de este decreto desde su publicación en abril, pero aun así su incumplimiento por parte de las administraciones locales va a ser mayoritario. Según datos de la Asociación Nacional Empresarial de Vehículos de Alquiler (Aneval), solo 20 de estos casi 150 municipios han desarrollado sus ordenanzas municipales para establecer ZBE en su territorio. En sus planes, los consistorios debían de concretar sus restricciones, más allá del criterio general de las etiquetas medioambientales de la DGT.

La Federación Española de Municipios y Provincias pidió una moratoria de la entrada en vigor de estas restricciones, pero Transición Ecológica lo rechazó porque las directrices ya se conocían desde el año pasado. Aun así, fuentes del sector automovilístico aseguran que muchos de los consistorios necesitan más tiempo, y así lo han expresado, para poder desarrollar sus planes de la forma “menos lesiva para los usuarios”. Al fin y al cabo, se estaría retirando de la circulación un gran número de vehículos sin ningún tipo de compensación o ayuda a los conductores.

Además, otro de los argumentos para postergar la implementación de las ZBE es su judicialización en Barcelona. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anuló a principios de año la normativa que la regula en la capital catalana por la falta de informes determinantes que avalen algunas restricciones. El consistorio de Ada Colau presentó un recurso y el tribunal desestimó su ejecución provisional. Frente a este caso, hay alcaldes que prefieren esperar a una sentencia firme para evitar una posible errores en sus ordenanzas.

3,7 millones de coches parados

En cualquier caso, si estos 149 municipios hubieran aprobado los planes que les tocan por ley, unos 3,7 millones de coches de los 11 millones que se mueven por las ciudades españolas quedarían fuera de circulación por no disponer de etiqueta ambiental, según datos de Sumauto. Esto supone que el 32% del parque automovilístico de estas urbes se convertirá en inmóvil al tener más de dos décadas o no cumplir los requisitos de la DGT para portar el distintivo medioambiental. Las multas por incumplir las normas son de unos 200 euros.

Esto abre un escenario de coches “inmovilizados” que, mientras no haya planes que incentiven el achatarramiento, se quedarán aparcados ocupando espacio en la ciudad, ya que, aunque no tengan etiquetas ambientales, sí podrán seguir obteniendo la tarjeta de residente para aparcar en zona verde. Otra opción es que sus propietarios decidan sacarlos a la venta, siendo atractivos para zonas rurales o pequeñas poblaciones; o bien abrir mercado en el extranjero para su exportación.

El sector automovilístico ha criticado con frecuencia la existencia de las ZBE justamente por este motivo: que hacer con los coches que no pueden circular. El presidente de la patronal catalana de los concesionarios (Fecavem), Jaume Roura, las considera un “lujo” y defiende que no son un buen método para reducir la contaminación en las ciudades. “Los coches se necesitan como una herramienta de trabajo, sea para llegar al centro o para trabajar. El transporte público no es suficiente para compensarlo”, afirma en declaraciones a este medio.

La implementación de las ZBE no retiran los vehículos viejos, los que más contaminan del parque, solo prohíben su circulación en algunos territorios y dejan en manos de sus propietarios la decisión de qué hacer con ellos y como sustituirlos. Para Roura, la mejor solución para reducir las emisiones de gases efecto invernadero es subvencionar planes renove para retirar modelos antiguos e incentivar la compra de los coches de nuevas tecnologías, sean de combustión de nueva generación, menos contaminantes, o directamente cero emisiones.