Yolanda Díaz viaja a Bruselas para ‘vender’ su reforma laboral
La vicepresidenta tercera viajará a Bruselas para explicar los cambios laborales del Plan de Recuperación a una semana de su remisión oficial
Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de trabajo y economía social.
El plazo límite para remisión oficial del documento definitivo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España y el respectivo de los restantes Estados miembros se acerca (30 de abril) y en el Gobierno han intensificado los contactos en los últimos días tras celebrar más de un centenar de encuentros desde el pasado mes de octubre para perfilar el relevante plan.
Los contactos se han intensificado en las últimas semanas ante la cercanía de la fecha límite para la remisión del plan, el 30 de abril, y tras la presentación de un primer documento por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en medio de una falta de concreción exhaustiva sobre tres de las principales reformas (mercado de trabajo, fiscal y pensiones) ante el atasco de las mismas en el diálogo social, sobre todo en el caso de las pensiones.
En este contexto, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tiene programado un viaje este jueves a Bruselas para reunirse con una de los principales responsables de la Comisión Europea en materia económica que tendrá mucho que decir respecto a los planes de recuperación de los Estados miembros.
En concreto, se desplazará a la capital europea acompañada por el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, y por el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez.
Allí se reunirá con el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea y comisario europeo del Euro y del Diálogo Social, Valdis Dombrovskis, y posteriormente se entrevistará con el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, según han confirmado a Economía Digital en fuentes del Ministerio de Trabajo.
La reforma laboral, en el foco de Bruselas
La reunión con Dombrovskis se producirá apenas cinco días antes de que el Consejo de Ministros apruebe previsiblemente el martes día 27 el documento definitivo del Plan de Recuperación, tras haberlo ido aplazándolo respecto a la previsión que manejaba inicialmente el Gobierno de remitirlo «bastante antes» del plazo fijado en el día 30, según aseguró en su momento la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
En el encuentro está previsto que se aborden las líneas generales del Plan de Recuperación español, que incluirá 112 inversiones y 102 reformas, entre las que figura la relativa al mercado laboral, una de las que más tiempo ha ocupado en las numerosas conversaciones mantenidas en los últimos meses entre la Comisión Europea y el Ejecutivo español.
De hecho, el Gobierno está terminando de pulir los últimos flecos y detalles de esta y otras reformas, como la de pensiones, cuyo contenido específico de todas las medidas determinará, en cualquier caso, conforme los tiempos que se marquen en el diálogo social, en donde se han enquistado varios de los puntos. Este mismo miércoles hay convocada una nueva reunión para la modernización del mercado de trabajo con los agentes sociales, tras el intercambio de documentos y algunas primeras discrepancias.
Precisamente el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, advirtió a finales de marzo al Ejecutivo español de que debe dar prioridad a una reforma laboral “integral y ambiciosa” en el Plan de Recuperación, subrayando la necesidad de “abordar con seriedad la dualidad de su mercado laboral y los altísimos niveles de desempleo juvenil”.
Dombrovskis valoró que el Gobierno español iba «muy avanzado” con la preparación del Plan de Recuperación y explicó que los intercambios entre las autoridades españolas con la Comisión han sido “constructivos”durante los últimos meses, por lo que dijo esperar que España pueda presentar su plan “en las próximas semanas”.
El pasado viernes durante las reuniones del Ecofin y el Eurogrupo varios Estados miembros, como España y Francia, apremiaron a Bruselas a la “urgencia” y la necesidad de aprobar “cuanto antes” los planes de recuperación al necesitarse que ese estímulo de los fondos se inyecte en la economía “lo antes posible”, según explicó la vicepresidenta primera de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.
Calviño ha mostrado en los últimos días su confianza en que los países que faltan por ratificar la ‘decisión de recursos propios’ (hasta ahora lo han hecho 17, incluido España, restando 10) validen ese texto legal para que la Comisión pueda empezar a emitir deuda y se ponga en marcha el mecanismo financiero del Plan de Recuperación.
También confía en que se resuelva el tema jurídico pendiente tras la paralización de los últimos trámites del Plan de Reconstrucción europeo por parte del Tribunal Constitucional alemán, por lo que espera que se pueda mantener la fecha límite de junio para que se aprueben los planes de recuperación de los Estados miembros y en la segunda mitad del año fluyan los fondos.
Los cambios: reducción a 3 tipos de contrato y consolidación de los ERTE
Con su viaje, Díaz tratará de ‘vender’ en Bruselas los cambios laborales recogidos en el Plan de Recuperación, que figuran en el componente 23 referido a la reforma laboral y por el que se plantea reducir a tres los tipos de contratos laborales; uno “estable” para el conjunto de las actividades, otro “temporal” para las que tengan esa naturaleza y un tercero “de formación o prácticas” para la inserción, en particular, en el mercado laboral.
Se plantea la generalización del contrato estable y la causalidad y simplificación del temporal, con el fin de “promover la estabilidad en el empleo, asegurando que los contratos temporales responden a la naturaleza del trabajo y con un marco adecuado para la formación”.
Junto a ello, se prevé la creación de un mecanismo permanente para la formación y recualificación de trabajadores en procesos de ajuste empresarial, tanto de carácter transitorio ante caídas de demanda significativas, como estructural
ante procesos de reconversión sectorial que exijan la adaptación de los trabajadores o la transición hacia otro tipo de trabajos o sectores.
A este respecto, el Gobierno señala en el documento que sobre la base de la experiencia del mecanismo de ERTE, aplicado con éxito durante la crisis de la Covid-19, se trata de disponer de “un instrumento permanente de ajuste interno de las empresas, alternativo a la alta temporalidad y al desempleo”.
La meta es que actúe como amortiguador de la extremada volatilidad del mercado de trabajo español y se oriente a la formación y recualificación de los trabajadores (reskilling y upskilling), asegurando de esta manera un marco macroeconómico más estable y aumentando el capital humano y, con ello, el crecimiento potencial.
Políticas activas de empleo, negociación colectiva y subcontratas
El proyecto del Plan de Recuperación también recoge varias de las propuestas realizadas por la vicepresidenta Yolanda Díaz, como la regulación de las subcontratas o abordar la mejora de la negociación colectiva, dos de las propuestas iniciales realizadas por la ministra de Trabajo en el arranque de la mesa de diálogo social sobre la reforma laboral y que rechazan en CEOE.
Así, el paquete de reformas prevé la modernización de las políticas activas de empleo, así como la simplificación y racionalización de los incentivos a la contratación, de acuerdo con el análisis (spending review) de la autoridad fiscal independiente (AIReF).
Asimismo, ante la intensa digitalización en el ámbito productivo se acometerá una modernización del marco laboral y de los mecanismos de concertación laboral y de negociación colectiva. También ve preciso revisar la regulación de las subcontratas y lograr una adecuada articulación de las condiciones aplicables al trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia (autónomos).
Otro de los principales elementos, tal y como había adelantado Calviño, pasa por la modernización y digitalización de la
gobernanza e instrumentos de información y gestión del Servicio Público de Empleo (SEPE), con el fin de mejorar su eficacia para el alineamiento de la oferta y demanda de trabajo en todo el territorio nacional.
Figuran también en la reforma laboral comprometida con Bruselas la regulación del trabajo a distancia, medidas para eliminar la brecha de género y la regulación del trabajo de los repartidores a domicilio (riders) por parte de las plataformas digitales, pendiente de aprobación definitiva. Otras medidas pasan por la modernización de la contratación y subcontratación de actividades empresariales, la simplificación y mejora del nivel asistencial de desempleo,
Con una inversión total estimada de 2.363 millones, el componente laboral incluye la estrategia de Empleo Joven, la adquisición de nuevas competencias para la transformación digital, verde y productiva, nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad.
A ello se suma la gobernanza e impulso a las políticas de apoyo a la activación para el empleo, el Plan integral de impulso a la Economía Social para la generación de un tejido económico inclusivo y sostenible y el fomento del crecimiento inclusivo mediante la vinculación de las políticas de inclusión social al Ingreso Mínimo Vital.
