MADRID, 17/05/2023.- (De i a d) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asisten a la sesión de control que se celebra, este miércoles, en el Congreso de los Diputados en Madrid. EFE/ J.j.guillen
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha abierto dos frentes en los últimos días con dos miembros relevantes del Consejo de Ministros. Por un lado, con la titular de Hacienda, María Jesús Montero, a quien su departamento ha acusado de bloquear la renovación de la Inspección de Trabajo. Y, por otro, con el responsable de Inclusión, José Luis Escrivá, a raíz de su propuesta de flexibilizar la regularización de trabajadores extranjeros.
El ministerio de Trabajo señaló a Función Pública, dependiente del departamento de Montero, como responsable del bloqueo de la relación de puestos de trabajo (RPT) para renovar la Inspección de Trabajo, el organismo clave en las políticas de Díaz que ha convocado paros parciales y huelga a finales de junio. La razón: el incumplimiento por parte del Ejecutivo de un acuerdo de 2021 en el que se comprometían a reforzar con más efectivos el cuerpo de inspectores y también modernizar su organización.
Fuentes de la vicepresidencia de Díaz trasladaron el «profundo malestar» en el departamento a cuenta de la postura de Hacienda, que cerró la puerta a aprobar un acuerdo cerrado con la Inspección y que recibió el visto bueno del Consejo de Ministros. De acuerdo con fuentes del departamento de Hacienda, las negociaciones se siguen desarrollando con normalidad y se ha formulado una propuesta de 781 plazas más en tres años, además de vincular a la Ley de Función Pública el desarrollo profesional de la Inspección.
Un conflicto «político»
Desde fuentes cercanas a la negociación señalaron que la negativa de Función Pública tenía un cariz político, al compararlo con la rápida resolución de los conflictos laborales en los Ministerios de Justicia y Seguridad Social, ambos dirigidos por el PSOE. Trabajo está en la cuota de Unidas Podemos en el Gobierno de coalición.
Ahora, a pocos días de las elecciones, los inspectores de Trabajo piden la dimisión tanto de la vicepresidenta Díaz como de la ministra Montero. Los sindicatos alegan que ambas dieron visto bueno en el Consejo de Ministros al Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo, por lo que los dos departamentos se comprometieron a dar respuesta al problema que aqueja el organismo.
En contra del plan de Escrivá
Pero no se trata solo de un conflicto con el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Díaz también ha chocado con el titular de Seguridad Social, José Luis Escrivá, por la propuesta de su departamento para flexibilizar los requisitos y regularizar a trabajadores extranjeros mediante el «arraigo por formación», una propuesta apoyada por la patronal.
La vicepresidenta lo explicitó señalando que el verdadero problema para cubrir puestos de trabajo en determinados sectores no es la falta de trabajadores -como argumentan los defensores de la flexibilización-, sino las «condiciones» de trabajo. De hecho, fuentes del Ministerio de Trabajo han esgrimido los datos de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral, que cifran en apenas 140.000 las vacantes en un mercado laboral de más de 20 millones de afiliados. Y en sectores donde se critica más explícitamente la falta de mano de obra, como la hostelería o la construcción, esta encuesta, cuyos últimos datos son de cierre de 2022, cifra en solo 4.100 y 3.700, respectivamente, los puestos estructurales que faltan por cubrir.
De hecho, las mismas fuentes de Trabajo argumentan que en un país con tres millones de parados, como es el caso de España, las vacantes no pueden ser demasiadas por ese exceso de mano de obra disponible. Y también, siempre según los datos de la encuesta, detallan que nueve de cada diez empresas argumentan que no tienen necesidades estructurales de más trabajadores Y ese argumento choca con un plan que busca flexibilizar los recursos formativos a los que pueden optar las personas migrantes para obtener un permiso de trabajo.
El Observatorio de Márgenes, otro frente
Además, Díaz también ha mostrado sus diferencias con uno de los proyectos estrella de su compañera vicepresidenta, Nadia Calviño: el Observatorio de Márgenes Empresariales. Los primeros datos saldrán el mes que viene, según confirmó el secretario de Estado de Economía, pero, indican desde el Ministerio, tendrá un carácter estadístico para conocer la buena marcha de las compañías.
Para Díaz, esta herramienta tendrá que utilizarse de la misma manera en que reclaman los sindicatos: utilizar su información sobre los beneficios de las compañías para vincularlo con las alzas salariales. Si bien las centrales rebajaron su urgencia nada más firmar el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, Díaz ha instado a recuperar este objetivo: «Hasta ahora, los márgenes empresariales sirven para el reparto de dividendos en muchas empresas, pese a la crisis en que estamos, pero no se ven mejoradas de idéntica forma las condiciones salariales».
