Guerra entre Yolanda Díaz y Hacienda por el refuerzo público de los inspectores de Trabajo
El Ministerio de Yolanda Díaz trata de desbloquear el acuerdo con los sindicatos paralizado por Hacienda para evitar la huelga de los inspectores de Trabajo del 30 de marzo
Cuenta atrás para la primera huelga de la historia del colectivo de inspectores de Trabajo y Seguridad Social. El Ministerio de Trabajo está presionando para que el departamento de Hacienda desbloquee el acuerdo suscrito con los sindicatos en julio del año pasado de refuerzo de plantilla y material del cuerpo con el fin de evitar su huelga el próximo 30 de septiembre.
Así lo confirman a Economía Digital en fuentes gubernamentales y sindicales, que detallan que los secretarios de Estado de Trabajo y de Función Pública se reunieron el pasado 25 de febrero para abordar este asunto, un día después de hacerlo previamente con los sindicatos. El departamento de Yolanda Díaz insiste en la necesidad de reforzar la plantilla pero Hacienda paraliza el acuerdo y no termina de dar la autorización presupuestaria.
En una reciente jornada conmemorativa del 116 aniversario del Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (OEITSS), la propia vicepresidenta segunda Yolanda Díaz y miembros de su equipo, como la directora del Oeits, Carmen Collado, llegaron a admitir la necesidad del refuerzo de plantilla vinculado al plan estratégico del organismo y a la reforma laboral.
A pesar de los intentos el acuerdo sigue bloqueado y sin novedades pese a la convocatoria de movilizaciones y huelga por parte de ocho sindicatos, y a pesar de que el Plan estratégico hasta el 2023 de la Inspección quedó aprobado en Consejo de Ministros y la Ley de Presupuestos para el 2022 recoge la partida presupuestaria necesaria para financiar la revisión comprometida.
Trabajo afirma que el proceso administrativo sigue los cauces previstos
Desde el Ministerio de Trabajo señalan a Economía Digital que la Dirección General de la OEITSS se ha reunido con las organizaciones sindicales para informarles de que se están llevando a cabo los encuentros necesarios tanto con Función Pública como con Hacienda para sacar adelante la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que permitirá reforzar la Inspección.
Respecto a la demora, las mismas fuentes explican que la RPT, que aumentará la plantilla de la Inspección en todas las escalas laborales, conlleva un «concienzudo proceso administrativo que está siguiendo los cauces previstos«. «Las organizaciones sindicales conocen la laboriosidad de ese necesario proceso y también saben que el OEITSS cuenta con la dotación presupuestaria necesaria para modernizar la estructura de la Inspección, que podrá así seguir cumpliendo con su función social», añaden al respecto.
Asimismo, desde el Ministerio de Hacienda señalan que el Ministerio de Trabajo está desarrollando el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2021-2023 en cuyo desarrollo hay una «apuesta por el fortalecimiento de la inspección».
Fuentes gubernamentales y sindicales confirman la reunión mantenida entre los secretarios de Estado de ambos departamentos en la que se abordó avanzar en el proceso en aras de sacar el refuerzo de la plantilla lo más pronto posible.
Los sindicatos mantienen movilizaciones y huelga: «El refuerzo no llega»
sin embargo los sindicatos mantienen la huelga al no haber recibido noticia alguna del proceso administrativo de refuerzo tras la convocatoria de la huelga. La presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo (Sitss), Ana Ercoreca, señala a Economía Digital que no les han trasladado información alguna tras la convocatoria de la huelga y antes tampoco, más allá de la creación del grupo de trabajo y la continuidad de la negociación para sacar adelante la RTP.
«No lo consideramos procedente; se ha de cumplir el acuerdo del 7 de julio para reforzar la inspección, no hay tiempo que perder», apostilla Ercoreca, que recuerda que se ha aprobado la reforma laboral y el Plan Estratégico de Inspección de Trabajo, así como otros contra los golpes de calor o los accidentes de trabajo, sin embargo no termina de llegar el refuerzo de la inspección a pesar de ser necesario para acabar con la precariedad. «No se han puesto en contacto y mientras el trabajo sigue estando y la paciencia llega un momento que se agota», ha añadido.
Así las cosas, si Trabajo no consigue que se desbloquee el acuerdo, los inspectores de Trabajo y Seguridad Social han convocado concentraciones de protesta el 22 de marzo en todos los centros de trabajo y el 30 de marzo celebrarán su primera jornada de huelga tras ocho meses a la espera de que el Gobierno cumpla el acuerdo del pasado mes de julio para la mejora de efectivos, material y organización.
Las movilizaciones de protesta y de la primera jornada de huelga general en la historia del colectivo se convocan por parte de ocho organizaciones de trabajadores representantes de buena parte de la plantilla de Inspección de Trabajo y Seguridad Social —CCOO, UGT, CSIF, el Sindicato Inspectores de Trabajo (Sitss), CIG, Fesess, Sislass y UPIT—, tal y como adelantó Economía Digital.
Las organizaciones convocantes defienden que se ha mantenido una posición «excepcionalmente moderada» en lo que a las exigencias de aplicación del acuerdo suscrito el pasado mes de julio por el Ministerio de Trabajo ante ocho meses de retraso, pero «se ha llegado a un punto en donde solo puede concluirse la voluntad del Gobierno de incumplir el mismo y provocar el completo abandono del organismo y de su plantilla».
Por su parte, Sindicato Estatal de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social (Seslaess), que cuenta con 500 afiliados, el 45% del colectivo, se opone a las movilizaciones al afirmar que la aprobación de la RPT representa importantes subidas de sueldos para los jefes de Inspección e inspectores, pero queda lejos del trabajo de calle realizado en mayor medida por los subinspectores.
Déficit de material y plantilla: se necesitan al menos 1.250 efectivos adicionales
En la actualidad la Inspección de Trabajo está dotada con un total de 1.852 efectivos, entre los 858 inspectores y los 994 subinspectores, pero este nivel queda lejos del que recomienda la Organización Internacional de Trabajo (OIT), que aconseja un inspector o subinspector por cada 10.000 trabajadores, con el fin de ampliar su actividad planificada de visitas a empresas, algo que en la actualidad no sucede.
Los 1.852 inspectores y subinspectores existentes en España para controlar a todas las empresa del país suponen una ratio de un profesional por cada 15.000 trabajadores. La comparativa con otros países deja en evidencia lo menguada que se encuentra la plantilla en España, ya que la media europea es de uno por cada 7.300. En Francia es incluso de un funcionario por cada 5.000.
Los sindicatos han calculado que harían falta como mínimo 600 efectivos, los prometidos de incorporación en el mes de julio, aunque cifran en 1.250 efectivos adicionales el mínimo necesario para alcanzar un nivel de plantilla óptimo, ya que los 3.000 efectivos actuales (1.750 de inspección activa y unos 1.150 de tareas de apoyo administrativo y técnico) son 400 menos que hace una década, tras la pendiente negativa desde 2018.
En paralelo, reclaman la mejora de la oferta de empleo público, puesto que los sindicatos calculan que alrededor del 25% de las vacantes se quedan sin cubrir debido a que los opositores optan por otras plazas más competitivas y con mejores condiciones laborales. En este sentido, recuerdan que una de las medidas del acuerdo de julio pasa por cerrar la brecha salarial y alcanzar un mayor grado de digitalización. Desde CCOO también denuncian que pese a los anuncios del nuevo Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo referido a las nuevas tecnologías, el big data o la Inteligencia artificial, “se están haciendo fuera de la Inspección, se está privatizando, empobreciendo la institución”.