Yolanda Díaz estrecha el cerco a los empresarios con una nueva regulación para acelerar sanciones

El Ministerio de Trabajo se ha marcado el propósito de reducir las irregularidades en el mercado de trabajo y a la Seguridad Social y para ello está estrechando el cerco sobre los empresarios y sociedades que cometen infracciones, para lo que ya elevó las sanciones de la Inspección de Trabajo y ahora ultima una nueva regulación para agilizar el procedimiento administrativo sancionador.

La regulación que prepara el gobierno busca agilizar el procedimiento administrativo sancionador en el orden social, es decir,  acciones u omisiones de los distintos sujetos responsables (personas físicas o jurídicas y comunidades de bienes) tipificadas y sancionadas, entre las que se incluirían infracciones laborales, en materia de Seguridad Social, movimientos migratorios y trabajo de extranjeros o infracciones por obstrucción a la labor inspectora.

Así figura en el proyecto de real decreto en el que trabaja el Gobierno, por el que prevé modificar a su vez el real decreto de 1998 que aprobó el reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, actualmente en proceso de consulta pública abierta hasta este 7 de enero. Irá acompañado de una orden conjunta de los ministerios afectados.

Los sujetos responsables de la infracción, y por tanto receptores de las sanciones que se verán afectados por los eventuales cambios en caso de cometer irregularidades, son principalmente los empresarios, pero también trabajadores por cuenta propia o ajena, perceptores y solicitantes de prestaciones, las entidades de formación, las mutuas colaboradoras, así como solicitantes de ayudas y subvenciones públicas, transportistas, agentes, consignatarios, representantes, cooperativas, agencias de colocación, empresas de trabajo temporal o propietarios de obra, entre otros.

Agilizar sanciones y automatizar trámites: evitar desplazamientos físicos

El Ejecutivo pretende elaborar una nueva normativa que establezca los sujetos obligados a
relacionarse electrónicamente con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y con las autoridades competentes que resuelven los procedimientos sancionadores y liquidatorios de cuotas.

Esta nueva normativa se compondrá de dos normas, la del real decreto que modificará el de 1998, y dos órdenes ministeriales: para establecer las disposiciones de desarrollo necesarias para regular las relaciones electrónicas entre los ciudadanos y empresas, por un lado, y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social o la Administración Laboral, por otro lado.

La nueva normativa pretende cumplir las obligaciones legales establecidas en la Ley de 2015 en materia de Administración electrónica, así como avanzar en el ámbito del orden social en el objetivo de «promover una administración totalmente electrónica, interconectada y transparente, que permita agilizar los procedimientos administrativos y reducir los tiempos de tramitación«.

Para ello, se marca como objetivos agilizar el procedimiento administrativo sancionador en el orden social, así como el procedimiento liquidatorio de cuotas de la Seguridad Socia. Actualmente los plazos que rigen son seis meses a contar desde la fecha del acta de infracción, y un plazo máximo para la notificación de 10 días.

También se prevé reducir las cargas administrativas asociadas a los procedimientos indicados, simplificando los trámites, automatizando tareas y evitando desplazamientos físicos para la realización de trámites administrativos.

Esta nueva regulación y agilización de las sanciones se sumará a otras iniciativas del Gobierno para fortalecer las inspecciones de trabajo, como el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), que contempla la puesta en marcha de un robot que realizará inspecciones de trabajo mediante inteligencia artificial. El software podrá realizar la apertura de actas de sanción a empresas y el Ministerio rastrear las infracciones más comunes que dejen huella en las bases de datos relativas a la cotización a la Seguridad Social, altas y bajas de desempleados o registro de contratos.

Aumento de las sanciones de Inspección de Trabajo y robot

Esta nueva regulación, que según fuentes gubernamentales está previsto que vea la luz a lo largo de 2022, llegará después del aumento de las sanciones de la Inspección de Trabajo del 20% desde el pasado 1 de octubre, incluido en una enmienda a la Ley de teletrabajo presentada por PSOE y Unidas Podemos, que supuso el primer aumento dela cuantía de las sanciones desde el año 2007.

Concretamente, las infracciones en materia de relaciones laborales y empleo y en materia de Seguridad Social, salvo excepciones, quedaron fijadas, en el caso de las leves, en su grado mínimo, con multas de 70 a 150 euros; en su grado medio, de 151 a 370 euros; y en su grado máximo, de 371 a 750 euros; las graves con multa, en su grado mínimo, de 751 a 1.500 euros, en su grado medio de 1.501 a 3.750 euros; y en su grado máximo de 3.751 a 7.500 euros; y las muy graves con multa, en su grado mínimo, de 7.501 a 30.000 euros; en su grado medio de 30.001 a 120.005 euros; y en su grado máximo de 120.006 euros a 225.018 euros.

Respecto a las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales se sancionan las leves, en su grado mínimo, con multa de 45 a 485 euros; en su grado medio, de 486 a 975 euros; y en su grado máximo, de 976 a 2.450 euros; las graves con multa, en su grado mínimo, de 2.451 a 9.830 euros; en su grado medio, de 9.831 a 24.585 euros; y en su grado máximo, de 24.586 a 49.180 euros; y las muy graves con multa, en su grado mínimo, de 49.181 a 196.745 euros; en su grado medio, de 196.746 a 491.865 euros; y en su grado máximo, de 491.866 a 983.736 euros.

Por último, las infracciones en materia de cooperativas abarcan, desde las leves con multa de 450 a 905 euros; a las graves de 906 a 4.545 euros y las muy graves, con multa de 4.546 a 45.504 euros.

Con todo, la nueva reforma laboral aprobada por el Gobierno, pendiente de convalidación en el Congreso, incluye un incremento de las sanciones contempladas en la Ley de Infracciones y del Orden Social (LISOS) para los empresarios que abusen de la temporalidad. Para ello, se establece que estas multas se aplicarán por trabajador y no por empresa como se venía haciendo hasta ahora, con un alza de las cuantías que alcanza los 10.000 euros en los casos más graves.

Con el aumento del pasado mes de octubre las multas para los casos de fraude en la contratación de trabajadores se situaron en la horquilla de entre 750 euros en grado mínimo y 7.500 euros en grado máximo, por lo que ahora se elevan con la reforma a entre 1.000 y 10.000 euros por infracción.

Además de con sanciones, también se penalizarán los abusos de temporalidad mediante los costes, ya que finalmente se incluye el recargo de hasta 28 euros vía cotizaciones impulsado por el Ministerio de Seguridad Social de José Luis Escrivá por dar de baja contratos temporales de menos de 30 días al ver necesario contratar eventuales en fines de semana o vacaciones, rechazado de lleno por los empresarios.

Pese a ello, ocho sindicatos de trabajadores de la plantilla de la Inspección de Trabajo —CCOO,UGT, CSIF, el Sindicato Inspectores de Trabajo (Sitss), CIG, Fesess, Sislass y UPIT— amenazan con huelga si el Ejecutivo no cumple con el acuerdo formalizado el pasado mes de julio con el Ministerio de Trabajo para el refuerzo de plantilla, con unos 600 efectivos como mínimo, y material.

No obstante, el Sindicato Estatal de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social (Seslaess), que cuenta con 500 afiliados, se opone a las movilizaciones al afirmar que la aprobación de la RPT representa importantes subidas de sueldos para los jefes de. Inspección e inspectores, pero queda lejos del trabajo de calle realizado en mayor medida por los subinspectores.

Malestar entre los empresarios

El Gobierno ha despertado en los últimos meses cierto malestar entre el empresariado español, ya que fuentes de la patronal CEOE señalan a Economía Digital que se han adoptado medidas que han ido poniendo «palos en la rueda» a la actividad empresarial en un momento todavía complicado por el impacto de la sexta ola de la Covid. «Estamos a favor de perseguir las infracciones laborales y de todo tipo, pero parece que solo se pone el foco en el empresario», lamentan.

En este sentido, los empresarios critican el aumento del tipo mínimo al 15% del Impuesto de Sociedades, a pesar de que afecte a poco más de un millar de empresas, unido al alza de las bases de cotización adoptado para este año, y el futuro aumento de las cotizaciones a la Seguridad social previsto por el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) para asegurar el pago de las pensiones, con un alza del 0,6% (0,5% asumido por la empresa) entre 2023 y 2032.

El colectivo de autónomos, especialmente la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) también ha censurado el alza de cotizaciones y la propuesta inicial del Ministerio de la Seguridad Social sobre la cotización de los autónomos por los ingresos reales, por el alza de cuotas que. asegura que supondría para muchos trabajadores por cuenta propia